Las grandes tecnológicas estadounidenses instalan su sede europea en Irlanda atraídas por los bajos impuestos, y a cambio la república consigue dos cosas: puestos de trabajo y una generosa recaudación en multas. Uno de los mayores contribuyentes a la hucha de las multas es Meta, que empieza el 2023 recibiendo dos sanciones que suman 390 millones de euros. En menos de seis meses la compañía ha sido castigada en tres ocasiones y en todas ellas se la acusa de no proteger adecuadamente los datos de los usuarios de sus aplicaciones.
La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés) ha
anunciado que Meta debe pagar 210 millones de euros por violar la normativa de privacidad de la Unión Europea con Facebook y 180 millones de euros por una infracción similar con Instagram. Ambas sanciones nacen a raíz de dos denuncias recibidas en 2018, año en el que se empezó a aplicar en la Unión Europea el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En concreto, un austriaco presentó una queja por Facebook y un belga hizo lo propio con Instagram.
Cuando Facebook e Instagram empezaron a cumplir con el RGPD, pidieron a los usuarios que aceptaran un nuevo contrato de términos y condiciones que incluía el procesamiento de sus datos. Las quejas alegaban que eso equivalía a forzarlos a dar su consentimiento a cosas como la publicidad dirigida, lo que en su opinión violaba la normativa europea recién estrenada. Tras una investigación, la DPC descubrió que la actualización que ambas redes sociales habían hecho de sus términos y condiciones no era lo suficientemente clara.
La investigación de la DPC se trasladó al Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), que animó al regulador a aumentar las multas previstas. Además de pagar las sanciones, Meta deberá cumplir con el RGPD en un plazo de tres meses. La compañía ha anunciado que recurrirá. Desde septiembre de 2021 Meta ha recibido desde Irlanda multas por más de 1.000 millones de euros. La tecnológica puede pagar sin problemas, pero si las sanciones también la obligan a cambiar sus prácticas se pone en riesgo su enorme negocio publicitario.
Además de las multas de la DPC, Meta se enfrenta a una
investigación antimonopolio abierta por la Unión Europea.
