* La firma de equipos de autolavado justifica la medida para ser “competitivos”
Sede de la multinacional valenciana Istobal, radicada en L’Alcúdia.La deslocalización también radica en Picassent. El centro penitenciario proporciona mano de obra barata y sin posibilidad de protestar. 14 presos trabajan para Istobal, una empresa que el año pasado ejecutó un ERE y en 2011 ya despidió a 53 empleados.
Los 14 internos que trabajan para la multinacional de piezas para autolavado de vehículos forman parte del módulo 9 de la Unidad de Cumplimiento de la prisión de Picassent. Trabajan de lunes a viernes de 9 a 13.30 y algún que otro sábado, a tres euros la hora. Realizan el montaje de complementos de la empresa: alfombrillas, aspiradores o pequeñas máquinas. Cobran entre 300 y 350 euros al mes. La empresa se ahorra el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la administración. Y todo ello gracias al convenio establecido con la Entidad Estatal de Derecho Público, dependiente de Instituciones Penitenciarias,
Rafael Tomás Alfaro, director general de Istobal, reconoce que se inició la línea en 2012 “por una combinación de motivos: para conseguir flexibilidad y porque se trataba de una línea de producción que no era rentable. Teníamos que volver a ser competitivos y con esta medida lo conseguimos”. Pero desmiente el salario que se les aporta: “Es más del doble de los tres euros”. “Entiendo las críticas, pero si no lo hubiéramos hecho así hubiéramos cerrado esa línea, lo que se traduce en una pérdida mayor de puestos de trabajo. Era trasladarla a otro país, como Portugal o Turquía, cerrarla o ir a Picassent”.
Istobal, ubicada en L’Alcúdia, fue creada en 1950 como una empresa familiar. Se dedica a fabricar maquinaria y piezas, y exporta a más de 62 países. El grupo cuenta hoy con una plantilla cercana a 700 trabajadores (200, en sus instalaciones de Francia, Brasil y Estados Unidos) y el pasado año facturó 78 millones de euros.
Sin embargo, la empresa despidió en 2011 a 53 trabajadores y el pasado año anunció un expediente de regulación de empleo (ERE)de 42 trabajadores que provocó huelgas y manifestaciones. Finalmente, afectó a 27 trabajadores. “Aunque la mayoría sigue trabajando para nosotros, ya que se dio opción a prejubilaciones y recolaciones en empresas de nuestros proveedores”, minimiza Alfaro.
No es la única empresa que utiliza el convenio con prisiones, que inserta el trabajo para entidades privadas en la política de reinserción social y prepara a los internos para su acceso al mercado laboral. En la misma prisión de Picassent, la valenciana Industrias Ochoa de Riba-roja tiene contratados 150 internos de otro módulo para producir abrazaderas destinadas a la multinacional Hilti. Pero Istobal es la única empresa colaboradora con Picassent que ha presentado dos expedientes de regulación de empleo.
Este programa de reinserción se ha convertido en algunos casos en un negocio lucrativo. En la última memoria de Instituciones Penitenciarias, de 2012, se obtuvieron unos beneficios a nivel nacional, de cinco millones de euros (con ventas de 162 millones) gracias a la actividad productiva de los internos de todas las prisiones: un total de 12.217 presos, de los cuales 3.119 producían para empresas privadas.
Trabajar con prisioneros ahorra costes y de ello se benefician empresas que han acometido despidos recientes. Por ello, el sindicato Acaip ha solicitado a la Comisión de Interior del Congreso que las empresas con expedientes de regulación de empleo no puedan realizar su actividad empresarial en prisiones. Ricardo Sixto, portavoz de Interior de Izquierda Unida en el Congreso, presentará en septiembre una Proposición No de Ley con el fin de que “no se haga negocio con los expedientes de regulación de empleo y que la administración no les dé facilidades a estas empresas”. “La reforma laboral se ha aprovechado por quienes hacen negocio a costa de los trabajadores. Ejecutar un ERE tendría que ser un perjuicio a la hora de dar adjudicaciones a empresas que quieren trabajar con prisiones”, añade Sixto.
El gerente de Istobal es consciente de las críticas pero insiste en su planteamiento: “Todo lo que sea poner trabas al crecimiento de las empresas es malo. Todo lo que complique la gestión es malo para la industria y para los trabajadores. En nuestro caso hubiéramos cerrado la línea”.
El caso Ocaña
PILAR DE LA FUENTE
El caso de Istobal no es único. El sindicato de prisiones Acaip dio a conocer que en las cárceles Ocaña I y II, en Toledo, cada día entre 50 y 60 trabajadores de la empresa Merak (una multinacional alemana con factoría en Getafe) acuden a trabajar junto con unos 250 presos para ensamblar aparatos de aire acondicionado para trenes. Van a trabajar en calidad de supuestos “monitores”, cuando “la realidad es que hemos comprobado que trabajan como cualquier otro interno”, comentan desde el sindicato. Se trata de una empresa que desde 2009 ha despedido en España a un total de 73 de sus 450 trabajadores.
La seguridad también es objeto de polémica. En Picassent sólo hay uno o dos monitores y a veces se ha supeditado la seguridad del módulo al funcionamiento del taller. En la prisión toledana, el alto número de “colaboradores” aconsejó al director de Ocaña II a autorizar su entrada sin pasar por los obligados detectores de metales. La medida se adoptó, según el centro, para evitar la “pérdida de tiempo”, pero provocó la intervención de varios trabajadores por introducir productos no autorizados como pastillas Diazepan o tarjetas de móvil.
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