Javier de la Rosa, condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida

La fiscalía explica la retirada de los cargos de fraude fiscal por el largo proceso de 15 años

MADRID.- El empresario catalán Javier de la Rosa ha sido condenado por la Audiencia de Barcelona a tres años de prisión por apropiación indebida de 68 millones de euros de la compañía Gran Tibidabo, hace más de 13 años, una pena dictada a conformidad con el acusado. La sentencia es una victoria parcial para De la Rosa, pues ha sido absuelto del delito de fraude fiscal del que le acusaba la Abogacía del Estado.

El juicio por fraude fiscal comenzó a principios de enero después de que el tribunal rechazara los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y de las defensas, que pedían que no se celebrara la vista por fraude a Hacienda tras haber alcanzado De la Rosa un pacto extrajudicial con los accionistas minoritarios de la compañía.

En virtud de ese pacto, De la Rosa y otros cinco acusados admitieron la apropiación indebida de 68 millones, por lo que el Ministerio Fiscal rebajó su petición inicial de 13 años de cárcel y pidió 3 años. También retiró los cargos por fraude fiscal. La tesis de la Fiscalía, frente a lo que argumentaba la Abogacía del Estado, era que los perjudicados no podían sufrir, además de 15 años de proceso y de haber sido expoliados, unos pagos millonarios a Hacienda, en tanto que accionistas de Gran Tibidabo.

Ahora, el tribunal respalda los argumentos de la Fiscalía y absuelve a De la Rosa de fraude fiscal. Los demás acusados son Juan Cruells, condenado a un año de prisión por apropiación indebida, Florencio Cerdá Poch, condenado a un año de prisión por el mismo delito, Arturo Piñana, condenado a seis meses, Ramón Fiter, un año de cárcel, y Manuel de Prado y Colón de Carvajal, a tres meses de prisión. Todos ellos son absueltos, igual que De la Rosa, del delito contra la Hacienda Pública.
De la Rosa, de salvador a puntilla de la empresa

Antes de ser Gran Tibidabo, la compañía era una de los grandes proyectos de Cataluña, una empresa de capitalismo popular donde pequeños inversores gestionaban un gran negocio.

Su fundador, José Ruiz, la bautizó Consorcio Nacional del Leasing (CNL). En ella participaban particulares que invertían en su cartera de leasing (alquiler de un bien con derecho a compra), pero el Banco de España tuvo que intervenir porque sus comerciales colocaban los productos financieros sin aclarar si eran acciones y obligaciones. Entonces tomó el relevo De la Rosa.

En 1991, el empresario se deshizo de la cartera de leasing para entrar en la compañía, una fusión de Consorcio Nacional del Leasing y Tibidabo. Visto como un salvador por los inversores y la Generalitat, lo cierto es que la empresa, con una liquidez de 30.000 millones de pesetas, estaría en la ruina tres años después, una agonía por la que se declararía en quiebra en 1999.

Uno de los proyectos más polémicos del Gran Tibidabo fue Port Aventura, empezado a principios de 1992. Aunque iba a ser una de las joyas del turismo de Cataluña, la empresa empezó a atravesar fuertes dificultades, hasta que De la Rosa echó mando de la financiación de la Generalitat. Sin embargo, esta situación acabaría en mayo de 1994, cuando la institución dejó fuera del parque al Grand Tibidabo y La Caixa asumió el proyecto.