La Audiencia provincial de Vizcaya ha acordado unilateralmente no condenar a penas de cárcel a los detenidos por venta callejera de productos falsificados, lo que se conoce popularmente como 'top manta'. La Junta de Magistrados decidió adoptar este criterio único -algunos jueces ya lo estaban aplicando al absolver a 'manteros'- al considerar que son «conductas atípicas», que deberían castigarse con sanciones civiles y administrativas, pero no penales, según ha podido saber este periódico. Los jueces no creen que estos hechos deban quedar impunes, pero defienden una multa o una sanción similar en la vía administrativa como castigo, frente a la falta de libertad.
Este cambio de postura sobre los delitos de propiedad intelectual (falsificación de música y cine) o industrial (bolsos y otros artículos) es pionero en España y se produce después de que una plataforma pidiera el indulto para un joven senegalés, Alaji, que cumple condena en la prisión de Basauri por este delito. Aunque afincado en Bilbao, fue detenido en Torrelavega con copias de deuvedés y cedés en la mochila. El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander le condenó a seis meses de cárcel, 900 euros de multa y a indemnizar con 650 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La sentencia fue ratificada por la Audiencia cántabra. Además, se ordenó su expulsión del país y el juez decretó su ingreso en prisión por el riesgo de fuga. Alaji ha cumplido la mitad de la pena y está a la espera de conocer la respuesta a una petición de indulto.
Como él, otras 117 personas están encarceladas en España por el 'top manta' -de ellas sólo una en Vizcaya- y desde 2003, fecha en que entró en vigor la reforma que consideraba la venta de falsificaciones como delito, han pasado por prisión 2.500. En su mayoría son inmigrantes senegaleses que se ganan la vida vendiendo en las aceras bolsos, cinturones, música y películas pirateadas, pero que constituyen el eslabón más débil del gran negocio de la falsificación, superado ya por Internet.
El criterio que adoptarán a partir de ahora las tres secciones penales de la Audiencia vizcaína, en principio, no vincula a los cuerpos policiales ni a la Fiscalía, ya que el Código Penal no ha cambiado y sigue considerando un delito el 'top manta'. En el caso de las fuerzas de seguridad, ni siquiera han sido informadas oficialmente. El ministerio público responde a un organigrama jerárquico y las instrucciones de la Fiscalía General, emitidas en 2006 en una circular, encuadraban la venta ambulante de material falsificado en la esfera de lo penal. Hasta la fecha no ha habido un cambio de instrucción.
En medios jurídicos, sin embargo, sostienen que el criterio unificado de la Audiencia provincial probablemente influirá en los jueces de primera estancia, sobrecargados de trabajo. «No van a condenar a alguien cuando saben que va a ser absuelto si recurre», argumentan.
«Peculiaridades»
En su decisión, la Audiencia deja claro que se examinarán las «peculiaridades de cada caso concreto». Los casos graves serán tratados de una manera diferente y quedarían excluidas las operaciones policiales en las que se llega a la raíz de la falsificación, como los talleres donde las famosas 'tostadoras' copian en serie cedés.
El decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga, se muestra «favorablemente impresionado por la nueva marcha de nuestra Judicatura». En su opinión, «los pobres que están con la manta no tienen nada que ver con la falsificación y una sanción administrativa puede ser suficientemente disuasoria». Hasta ahora, «el mero hecho de vender ya es falsificación».
El presidente del Comité de Ayuda al Refugiado (CEAR), Javier Galparsoro, no oculta cierta «cautela» ante una postura tan novedosa y «de tanta trascendencia», que ha llevado «a un grupo de magistrados al convencimiento de que la calificación de delito es excesiva».
«Si la Policía detiene, la Fiscalía acusa, un juez condena y la Audiencia absuelve, ¿qué necesidad hay de hacer pasar por ese sufrimiento a una persona que después va a quedar en libertad», se pregunta. «Los únicos que han movido ficha han sido los jueces de Vizcaya». En su opinión, la Fiscalía provincial y las jefaturas de Policía en Vizcaya deberían revisar su posición con respecto a la venta ambulante de copias pirata.
Existe una campaña a nivel nacional, bajo el nombre de 'Dos orillas', por la despenalización del 'top manta', que ha recogido firmas, entre ellas «de magistrados del Tribunal Supremo», señala Javier Galparsoro. «Hasta ahora no ha servicio para desmantelar a las grandes mafias», apunta el abogado Patxi de la Fuente. Según esta plataforma, «por mala técnica jurídica» el vigente Código Penal «no distingue entre los grandes defraudadores y quienes se limitan a vender copias pirata por una pequeña cantidad». 'Dos orillas' reclama al Gobierno el indulto para todos los 'manteros' encarcelados y al Parlamento, «que mejore la redacción» de la ley.
Fuente:Elcorreodigital
En serio,el gorbierno cada vez se cachondea mas de nosotros.
PD:Perdon por el tochazo