España esquiva el castigo, pero sufrirá de todos modos. El Gobierno de Mariano Rajoy se anotó el miércoles una dudosa victoria al conseguir el aplazamiento de la multa que Bruselas debía solicitar por el incumplimiento reiterado de los objetivos del déficit en el que incurrió el Ejecutivo popular durante toda la legislatura y por la falta de medidas efectivas para corregir la situación. No habrá sanción por el momento, pero sí una nueva de hoja de ruta: recortes urgentes, una prórroga de un año para cumplir con los compromisos y un ajuste de 8.000 millones de euros hasta el fin del 2017 que correrá a cargo de los contribuyentes españoles. ¿Por qué se tomó la decisión de no dejar caer la guillotina? «Este no es el momento adecuado. Ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista político», justificó el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, a cinco semanas de que se celebren nuevas elecciones en el país.
Seis años de regateo
España lleva más de seis años regateando en cuestiones de déficit, y una vez más Bruselas se ha visto obligada a ofrecer una moratoria -la cuarta- para ajustar las cuentas. El año pasado el desfase no bajó del 5,1 % del PIB, frente al objetivo del 4,2%. Los tirones de oreja no sirvieron para meter en vereda al Ejecutivo español, que a pocos meses de las elecciones decidió anunciar bajadas de impuestos. Desde el mes de diciembre, el país navega a la deriva sumido en una permanente campaña electoral y el equipo de Rajoy se niega a presentar un plan de ajuste viable hasta que no se aclare quién ocupará la Moncloa. Con este panorama, Bruselas anticipa que España cerrará el 2016 con un déficit del 3,9 % y del 3,1 % el próximo año. «Con estas previsiones, las recomendaciones para España han dejado de ser realistas, por eso proponemos solo un año adicional, pero se necesitarán esfuerzos importantes a un ritmo rápido», advirtió Moscovici. Bruselas exige situar el déficit este año en el 3,7 %, frente al 2,8 % de las anteriores recomendaciones para alcanzar el 2,5 % en el 2017. El esfuerzo estructural equivale este año al 0,25 % del PIB y al 0,50 % en el 2017. La cuenta asciende a 8.000 millones de euros en los próximos dos años.
Una herencia envenenada
¿Quién asumirá este ajuste? El próximo Ejecutivo será quien digiera el empacho con un margen de maniobra muy estrecho y con una deuda que el miércoles superó el techo del 100 % del PIB. Se acabaron los armisticios con Bruselas. Los nuevos inquilinos de la Moncloa tendrán que meter en cintura a las comunidades autónomas, reducir o «racionalizar» el gasto sanitario, reformar el mercado laboral y liberalizar servicios profesionales. La tarea hercúlea no preocupa al presidente en funciones que anunció en el Financial Times otra bajada de impuestos si gana las elecciones. Lo hizo horas antes de la batalla que se libró en Bruselas entre quienes exigían mano dura con España y aquellos que preferían aplazar el guantazo para no obstaculizar a Rajoy el camino de cara a las elecciones. ¿Puede el país permitirse una mayor relajación fiscal? «Si cumple con los objetivos presupuestarios, podrá asumir las decisiones que quiera tomar», aseguró el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, para no avivar el fuego. Tras los focos, la indignación y el enfado por este último anuncio de Mariano Rajoy es visible.
La primera sanción
La amenaza de sanciones no se ha ido. Bruselas retomará el asunto a principios de julio, pasadas las elecciones. Un balón de oxígeno para Rajoy, quien no tendrá que explicar al electorado por qué España podría ser el primer país en estrenar las multas por violar el Pacto de Estabilidad. La Comisión espera nuevas medidas de ajuste para julio. Si no son convincentes, pedirá sanciones que pueden alcanzar desde los cero a los 2.000 millones de euros. Independientemente del coste financiero, la deshonra política sería proverbial.
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