La descarga no autorizada de música, cine y videojuegos a través de las redes P2P es ya uno de los mayores desafíos que afronta la industria de contenidos en todo el mundo. Muy especialmente en España en donde, cuando termine 2008, habremos llegado a la cifra de 2000 millones de canciones descargadas sin respetar la propiedad intelectual, 350 millones de películas y 50 millones de videojuegos.
En algunos medios de prensa, extranjeros y nacionales, se otorga a España - cuna de música, literatura y cine con respeto universal- una marca vergonzante: España, capital pirata. La propiedad intelectual es vulnerada a diario con total impunidad sin que las pérdidas económicas causadas a los sectores que dependen de ella, (la música, los videojuegos y el cine principalmente), provoquen una reacción contundente en nuestro gobierno que permita detener el continuo cierre de comercios, empresas y demás negocios que las descargas no autorizadas están causando. Algo ante lo que sí están reaccionando otros gobiernos europeos, como el francés o el británico, que sí apuestan y defienden su industria de contenidos.
Existen distintas alternativas para frenar las descargas de contenidos no autorizadas en Internet. Los sistemas de "respuesta gradual" como el francés parecen los más eficaces. También en el Reino Unido, en Australia, en Japón, en Nueva Zelanda o en Corea del Sur, por poner algunos ejemplos, hay un esfuerzo concertado para frenar lo que se considera un verdadero agujero negro para las industrias de contenidos. Creemos que soluciones de este tipo son positivas por cuanto proporcionan información, contribuyen a la concienciación y proveen una respuesta sancionadora proporcional y graduada.
La proporción y el equilibrio son claves a la hora de reducir la piratería on line. Junto a la información, el sistema debe arbitrar sanciones en función de cada caso. No puede responderse de la misma forma frente a quien monta un negocio en Internet a costa de piratear los contenidos que frente a quien se descarga una película de forma circunstancial.
Desde FAP creemos que el futuro de la Sociedad de la Información pasa, inexorablemente, por lograr equilibrar el fiel de la balanza entre todos los derechos fundamentales que están en juego. La intimidad o privacidad es un derecho fundamental que debe convivir con otros derechos fundamentales como lo es también el de la propiedad privada. La protección de la propiedad intelectual, como propiedad privada que es, debe ser misión de cualquier Estado civilizado y lo es en el caso de nuestro país por su propia normativa y por los acuerdos internacionales suscritos.
La industria que se fundamenta en el legítimo uso de los derechos de propiedad intelectual es generadora de riqueza y empleo. Y lo que está en juego es el interés de muchos trabajadores anónimos que ven peligrar su futuro laboral por culpa de la piratería.
Oferta Legítima
Además, el equilibrio en esos derechos es lo que hará viables los negocios. La desaparición de una oferta ilegal dará paso siempre a una oferta legítima. En otro caso es imposible. Los portales de descargas legales que ya existen en nuestro país no pueden generar negocio alguno mientras exista una puerta para salir de la tienda con el mismo producto gratis.
Nuestra lucha no es contra el P2P. Un gran número de compañías miembros de FAP ven en el P2P un modelo de negocio muy interesante. Lo que defendemos son modelos de negocio en los que se respeten los derechos de los titulares y ahí caben muchas ofertas que incluyen la financiación con publicidad o sin ella (para complacer a aquellos usuarios que quieren contenidos sin cortes publicitarios) y siempre con la calidad que el público merece y los creadores quieren ofrecer:
La oferta actual de contenidos en el P2P no es acorde a una sociedad del siglo XXI: Tanto la calidad de las películas (grabadas en salas de cine con una cámara) como la selección de contenidos e información al usuario son impresentables. La distribución al público de cualquier tipo de contenidos debe estar amparada por información adecuada sobre el contenido (Clasificación, duración, etc) y una garantía de uso como la que ofrece la distribución física.
Son estas las condiciones que estimularán seguir en esta industria y, a la larga, es lo único que hará posible que exista una industria de contenidos como tal en nuestro país.
José Manuel Tourné es abogado y director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) y secretario General de la Unión Videográfica Española (UVE).
Fuente