Todo el proceso de la exhumación y la nueva inhumación se hizo con las máximas cautelas legales. No hubo ninguna improvisación. Y tanto esa fundación como los monjes benedictinos, los descendientes de Franco y simpatizantes pusieron todos los recursos que quisieron, y tuvieron la oportunidad de ir a los tribunales (y de hecho fueron) de modo que poner en duda la legalidad de esta operación es absolutamente inviable, estaba claro que esa acción legal no podía prosperar de ninguna manera.
Por último hay que recordar que estamos hablando de "restos cadavéricos de más de 5 años" y que unos restos de una persona, no son lo mismo que una persona viva, es decir no se atribuyen a un cadáver derechos propios de un ser humano vivo. Bastante respeto y miramientos han tenido ya tanto en la exhumación como en la inhumación y todo el proceso legal que se produjo. No hay absolutamente ni un solo punto que se pueda atacar legalmente.
Lo único que se puede es criticar desde el punto de vista político, o ideológico, pero desde el punto de vista jurídico el Estado hizo algo legítimo, cumpliendo la legalidad, para alcanzar objetivos lícitos y necesarios en Democracia: poner fin a un mausoleo de la persona de un dictador en un monumento público que, ya en democracia, se quiere resignificar y transformar en un cementerio civil que honre a los muertos en la guerra civil.