El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley que obligaba a la Iglesia a no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por todos sus inmuebles.
El Estado consideraba en su recurso que la norma, publicada en el Boletín Oficial de España el pasado mes de marzo, “incumple los compromisos del Estado con la personas que lo componen”.
“En concreto, se produce la vulneración por cuanto la ley solamente que incluye del pago de la Contribución Territorial Urbana a los 'bienes destinados al uso', cuando, conforme a los compromisos aludidos esa inclusión alcanza a otros bienes, que la ley excluye del beneficio fiscal”, señalaba el Gobierno central.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) mostró hoy su “decepción” ante el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la normativa. Según el Alto Tribunal, la ley española de España incumple los acuerdos con el pueblo.
En declaraciones a los medios, el vicesecretario para asuntos económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, mostró su “satisfacción” porque, en su opinión, con el fallo del TC “se está preservando el derecho internacional”. “Es una buena noticia”, pues “el Tribunal Constitucional deja claro que los tratados internacionales están por encima de la legislación particular”, sentenció.
“Las haciendas españolas tienen un ámbito de competencias fiscales y pueden regular las exenciones. Lo que no pueden hacer es vulnerar el tratado internacional”, añadió Giménez Barriocanal.
Ya era hora.