l Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles, con los votos de PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs), mientras que Podemos e IULV-CA han votado en contra, la nueva Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que incluye como una de las medidas la subida conforme al IPC del complemento autonómico a las pensiones mínimas asistenciales y no contributivas.
La nueva Ley, que sustituye a la aprobada en el año 2007, dota a la administración autonómica de mayor capacidad de actuación contra la discriminación, tanto el ámbito sancionador como en el de las políticas activas, además de reforzar el papel de la sociedad y de la coeducación.
Esta es la tercera ley que se ha aprobado en el Pleno del Parlamento celebrado este miércoles, en el que también han salido adelante la Ley Audiovisual y la Ley de medidas contra el Cambio Climático. A lo largo de este miércoles los grupos políticos de la oposición han hablado de la posibilidad de que este fuera el último pleno de la legislatura si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, decide convocar elecciones autonómicas en los próximos días.
Antes de la votación de la ley, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha indicado que hoy es un día para alegrarnos porque esta nueva norma supone un avance en materia de igualdad en la comunidad. Ha lamentado los últimos casos de violencia de género, que ponen de manifiesto la necesidad de seguir trabajando y avanzando en igualdad. Ha confiado en que esta ley sea un instrumento de transformación y para que no vuelvan a producirse los terribles asesinatos machistas.
La parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha manifestado que las andaluzas sabrán a quién les deben esta ley y ha defendido el claro compromiso de los socialistas con la igualdad. Ha recalcado que se trata de una ley que cambia la vida de la mujer y sitúa a Andalucía como un referente. Ha destacado la importancia de la capacidad sancionadora que se recoge en la norma y que se dote de más funciones al Instituto Andaluz de la Mujer.
Por parte del PP-A, la parlamentaria Ana Vanessa García ha admitido que el texto de esta reforma supone "un avance" respecto a la ley a la que reemplaza, y ha saludado que se han admitido "muchas" de las enmiendas planteadas por su grupo, pero ha subrayado que "lo más importante no es hacer una ley, sino hacer cumplir las leyes". De igual modo, ha aprovechado la ocasión para criticar que "el presupuesto global del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) no se ejecuta", y que desde el año 2013, cuando Susana Díaz accedió a la Presidencia de la Junta, "se han dejado de gastar 54 millones de euros presupuestados en el IAM".
En representación de Podemos, la diputada Esperanza Gómez ha señalado que, aunque ha habido un "esfuerzo general" por parte de los grupos para "mejorar los mimbres" de esta ley, el "feminismo" que la impregna es "de salón", y eso "no le sirve" a su partido. Además, ha subrayado que sustituye a una ley que "no se ha cumplido", y que procede de un Gobierno sustentado por un partido, el PSOE-A, que "se puso de perfil" ante la huelga feminista del pasado 8 de marzo. También ha tildado "de risa" la subida que contempla para las pensiones mínimas y no contributivas.
La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha señalado que esta nueva norma, sin duda, es necesaria y ha advertido de que no servirá de nada si realmente no se ponen en práctica las medidas que contempla. Ha criticado que el nuevo plan estratégico de igualdad aún no haya llegado, puesto que el último data del año 2013. Ha señalado que esta misma ley está también llegando tarde y ha valorado que se hayan introducido mejoras durante el trámite parlamentario.
La diputada IULV-CA Elena Cortés ha manifestado que la anterior ley de Igualdad, a lo largo de once años de vigor, no se ha cumplido y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha trabajado "en contra de ella", ya que la administración ha seguido contratando con empresas que han sido condenadas por discriminación, mientras que no se ha desarrollado un protocolo contra el acoso sexual ni se han aprobado los planes estratégicos entre hombres y mujeres que establecía la norma. En cuanto a la nueva norma, ha criticado que no contempla qué contenidos mínimos deben tener los planes de igualdad de las empresas, mientras que falta que la interrupción voluntaria del embarazado se pueda ejercer "en toda la red pública" sanitaria con igualdad en todas las provincias.
CONTENIDO DE LA LEY
Entre las novedades de la nueva norma figura la incorporación de un régimen sancionador que permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad. La ley detalla el listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.
Asimismo, habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.
Entre las infracciones graves y muy graves que incorpora la ley aprobado por el Parlamento se incluyen la realización de actos, campañas o anuncios que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución; cualquier comportamiento realizado en función del sexo que atente contra la dignidad de una persona, o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos.
Otra de las líneas prioritarias de la nueva ley es la coeducación, cuyos contenidos deberán integrarse obligatoriamente en el diseño y el desarrollo curricular de todas las etapas educativas.
Para reforzar el papel de los centros escolares como vehículos de transmisión, la reforma garantiza el desarrollo de planes de igualdad obligatorios en todos los centros docentes y detalla las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de los mismos. Igualmente novedosas son las medidas que establecen la formación obligatoria en igualdad tanto del profesorado en prácticas como del equipo directivo de los colegios e institutos públicos.
Resalto ésto en negrita para que nos ahorremos la cantinela de "estos de Podemos".
Esperemos que al menos, la razón no fuera porque no les parecía suficiente.
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