La Policía irrumpe en una reunión para identificar a desahuciados y activistasLo denuncia EUPV de Elda-Petrer que subraya la intención de 'amedrentar'
El diputado nacional Sixto Marco prevé llevar el caso al Congreso
Los agentes iban 'de paisano' para, al parecer, identificar a los presentes
IU alude a la denuncia del secretario general del Sindicato de Policía SIPE
Éste señala que se obliga a la Policía a realizar identificaciones masivas
"Amedrentar e intentar criminalizar a quiénes nos atrevemos a pensar diferente de sus jefes políticos". Esa es la intención, según EUPV de Elda-Petrer, con la que dos agentes de la Policía irrumpieron esta semana en una reunión privada que el colectivo convocó a través de las redes sociales para hablar sobre acciones a poner en marcha, por ejemplo, para ayudar a familias desahuciadas.
Los hechos ocurrieron, en concreto, en el centro social Andrés Navarro de Elda cuando una pareja de policías nacionales "de paisanos" llegaron a la asamblea "convocada legalmente".
Según fuentes de EUPV, los asistentes "estaban asesorando a personas en proceso de desahucio y estudiando acciones en favor de la dación en pago".
El objetivo de la Policía era, al parecer, identificar a los asistentes. Pero, ante la negativa de muchos de ellos, "terminaron identificando a un responsable de ese conjunto de ciudadanos que se reunían libremente para intentar dar soluciones" a los problemas de los ciudadanos.
Desde EUPV de Elda-Petrer insisten en que no existe ningún precepto legal que justifique la identificación de los participantes en una manifestación o en una reunión, salvo que como establece el Código Penal, "la movilización o la reunión tengan por finalidad cometer algún delito o aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos", que "por supuesto no era el caso".
Los asistentes a la reunión, que se convocó de manera privada a través de un grupo de Facebook, no se explican aún la presencia de los agentes, que "nos dijeron que habían sido enviados por sus jefes de Alicante". Lamentan, además, que el Ministerio del Interior "criminalice" este tipo de encuentros que busca ayudar a los ciudadanos más castigados por la crisis.
EUPV elevará el caso al Congreso a través de uno de sus parlamentario, el valenciano Ricardo Sixto. Este diputado ya ha registrado en el congreso varias preguntas para que se investiguen identificaciones indiscriminadas en la Comunidad.
EUPV recuerda en un comunicado la denuncia del secretario general del Sindicato de Policía SIPE, Alfredo Perdiguero, que declaró públicamente el 17 de noviembre "con ocasión de la celebración de una manifestación por la defensa de los derechos del colectivo policial que, desde el Gobierno, se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas".
Park Chu Young escribió:Me imagino que como ahora esto es el subforo de series estas cosas no dan para mucho, pero te lo subo igual por si acaso.
Realmente siempre me ha parecido que saben lo que están haciendo. Saben las medidas que han tomado, lo que están provocando, las que tomarán. Saben que hundirán a mucha gente, saben que reacciones pueden provocar y lo que hacer para protegerse. Parece tan calculado que asusta.
Me pregunto si en estos casos llegará la "multa que no es multa si no notificación pero es multa igual" como en otras ocasiones. No queremos enterarnos del país en el que vivimos.
Park Chu Young escribió:Me imagino que como ahora esto es el subforo de series estas cosas no dan para mucho, pero te lo subo igual por si acaso.
Realmente siempre me ha parecido que saben lo que están haciendo. Saben las medidas que han tomado, lo que están provocando, las que tomarán. Saben que hundirán a mucha gente, saben que reacciones pueden provocar y lo que hacer para protegerse. Parece tan calculado que asusta.
Me pregunto si en estos casos llegará la "multa que no es multa si no notificación pero es multa igual" como en otras ocasiones. No queremos enterarnos del país en el que vivimos.
Newport escribió:Situación de estado policial para salvaguardar los intereses y la imagen de la banca, frente a quienes se han visto perjudicados por ella y se unen para protestar pacíficamente. El gobierno les echa a estos últimos los policías encima, no a quienes les han tenido que inyectar miles de millones de dinero público.
Esto se lo cuentas a cualquiera y no tiene ninguna diferencia con políticas policiales rusas para acallar a la oposición.
La policía debería de estar investigando y aportando pruebas para que la fiscalía general del estado pudiera imputar delitos de estafa, prevaricación y blanqueo de dinero a los responsables del consejo de administración de las cajas, y a las propias entidades rescatadas. Pero claro quién pone a Torres dulce en su puesto? Los mismos que han puesto a sus lacayos en los consejos de administración de esas cajas rescatadas.
sadistics escribió:Newport escribió:Situación de estado policial para salvaguardar los intereses y la imagen de la banca, frente a quienes se han visto perjudicados por ella y se unen para protestar pacíficamente. El gobierno les echa a estos últimos los policías encima, no a quienes les han tenido que inyectar miles de millones de dinero público.
Esto se lo cuentas a cualquiera y no tiene ninguna diferencia con políticas policiales rusas para acallar a la oposición.
La policía debería de estar investigando y aportando pruebas para que la fiscalía general del estado pudiera imputar delitos de estafa, prevaricación y blanqueo de dinero a los responsables del consejo de administración de las cajas, y a las propias entidades rescatadas. Pero claro quién pone a Torres dulce en su puesto? Los mismos que han puesto a sus lacayos en los consejos de administración de esas cajas rescatadas.
porque son sus amiguitos
Newport escribió:Situación de estado policial para salvaguardar los intereses y la imagen de la banca, frente a quienes se han visto perjudicados por ella y se unen para protestar pacíficamente. El gobierno les echa a estos últimos los policías encima, no a quienes les han tenido que inyectar miles de millones de dinero público.
Esto se lo cuentas a cualquiera y no tiene ninguna diferencia con políticas policiales rusas para acallar a la oposición.
La policía debería de estar investigando y aportando pruebas para que la fiscalía general del estado pudiera imputar delitos de estafa, prevaricación y blanqueo de dinero a los responsables del consejo de administración de las cajas, y a las propias entidades rescatadas. Pero claro quién pone a Torres dulce en su puesto? Los mismos que han puesto a sus lacayos en los consejos de administración de esas cajas rescatadas.
[erick] escribió:una guerra civil no, pero un reset, si, suspensión de pagos y a empezar de cero.
Gallardón pretende imponer la censura en algunos procesos judiciales
La propuesta de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que el ministro encargó a una comisión de expertos introduce la posibilidad de extender el secreto de sumario y de implantar "el cese de la difusión" en los medios cuando el juez estime que existe un "riesgo relevante" para el esclarecimiento del hecho
La propuesta del nuevo Código Procesal Penal (como pasará a llamarse la actual Ley de Enjuiciamiento criminal tras la reforma) entregada al Ministerio de Justicia por una comisión de expertos fija un plazo máximo de doce meses para mantener secreta la investigación y recoge que el tribunal podrá acordar, "previa ponderación de los intereses en conflicto", el cese de la difusión cuando un medio la divulgue, siempre y cuando pudiera comprometer "gravemente" el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados.
El texto de la comisión establece que la causa podrá ser excepcionalmente declarada secreta, total o parcialmente, para el encausado y las demás partes personadas en el proceso cuando el conocimiento de su contenido suponga un "riesgo relevante" para el esclarecimiento del hecho, el aseguramiento de los medios de prueba o la protección de la víctima.
El Ministerio Fiscal declarará el secreto en un "decreto motivado", que no será susceptible de impugnación, y que deberá ser ratificado por el Tribunal de Garantías en el plazo de diez días en un auto, que podrá ser recurrido en apelación.
El secreto, que sólo podrá mantenerse durante el tiempo imprescindible para alcanzar sus fines, se acordará por "el plazo máximo de tres meses", sin perjuicio de su posible prórroga por idénticos periodos hasta un total de seis meses o de doce cuando la investigación se dirija contra organizaciones criminales o grupos organizados.
Cuando el secreto no fuese imprescindible o hubiera transcurrido el plazo máximo, tendrá que ser levantado "necesariamente", sin perjuicio de que, si surgen nuevos hechos o imputaciones en el curso de la instrucción, podrá decretarse "nuevamente en iguales términos e idénticos plazos".
En la actualidad, el juez puede declarar en un "auto" el secreto de las actuaciones durante un mes, aunque puede prorrogar de forma expresa este periodo.
"Publicidad de las actuaciones"
La propuesta de la comisión institucional dedica un capítulo específico a la 'Publicidad de las actuaciones' en el que regula la presencia de los medios de comunicación en el juicio, la información del proceso o la prohibición "excepcional" de revelar determinadas informaciones cuando es necesario para preservar el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes, entre otros motivos.
En este último apartado, se contempla la posibilidad de que "si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto el cese de la difusión, siempre que esta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados".
En este capítulo, la propuesta del nuevo Código Procesal Penal determina que la Fiscalía General del Estado, en la forma establecida en su Estatuto Orgánico y sus normas internas de funcionamiento, podrá informar a los medios sobre el curso de una investigación, "siempre que ello no ponga en peligro su éxito y el asunto sea de interés público, salvo en el caso de que la causa haya sido declarada secreta".
Asimismo, podrá proporcionar información a los medios sobre la marcha del proceso "cuando la fase de investigación haya finalizado y la causa tenga trascendencia para la opinión pública". Los órganos de la Policía Judicial sólo podrán difundir información sobre las investigaciones previa autorización del Ministerio Fiscal, precisa el documento.
El capítulo destinado a la declaración de los testigos recoge que los periodistas no podrán ser obligados a declarar como testigos respecto a las fuentes de información utilizadas en el desarrollo de su actividad profesional.
El rey, exento de declarar
Este capítulo mantiene que el rey, la reina y sus respectivos consortes, así como el Heredero de la Corona y los Regentes del Reino estarán exentos del deber de comparecer y prestar declaración como testigos.
Aunque la propuesta no modifica ese aspecto, sí sube la multa al testigo que no comparezca cuando haya sido citado con las debidas formalidades legales. En este caso, se impondrá una multa de 500 a 6.000 euros frente a la actual sanción de 200 a 5.000 euros.
Si persistiese en su conducta y tras haber sido citado en una segunda ocasión, el testigo podrá enfrentarse a la comisión de un delito de obstrución a la Justicia. El artículo 420 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge este mismo delito aunque indica que podrá ser perseguido también por desobediencia grave a la autoridad.
