La SGAE y sus socios -las otras siete entidades de gestión que operan en España- se están haciendo de oro en los últimos años gracias a los derechos de autor. De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Cultura, entre 2005 y 2009 estas ocho organizaciones ingresaron un total de 2.422 millones de euros y repartieron sólo el 80 por ciento.
El resto, un total de 480 millones, fue a parar directamente a su caja. Eso es lo que ha permitido que la SGAE haya puesto en marcha un gran holding inmobiliario, con sedes por todo el mundo, comprando teatros y compitiendo así con las empresas privadas.
La SGAE es una entidad sin ánimo de lucro cuyo papel, según la ley, es gestionar y repartir los derechos de autor. Sin embargo, a través de Arteria, la empresa que gestiona su red empresarial y que cuenta con un presupuesto de 300 millones, los representantes de los autores han adquirido, entre otros muchos, los teatros Coliseum y Lope de Vega, además de la Sala Berlanga en Madrid; el Teatro Campos en Bilbao o el Paral.lel en Barcelona.
Negocios privados
Con la apertura además de centros en Buenos Aires y México, se han hecho también con la gestión de uno de los teatros más emblemáticos de Nueva York -el Manhattan Center, en pleno Broadway- y tiene previsto para este mismo año las inauguraciones de nuevos espacios en Sevilla, con el Arteria Al-Ándalus, y en México DF con el Arteria Cervantes.
Aunque, en teoría, desde la SGAE aseguran que esa red va destinada a promocionar la cultura y dar espacio a artistas que de otro modo no lo tendrían, lo cierto es que en el último año han organizado, según sus propias cifras, casi 2.000 funciones, con más de 900.000 espectadores y artistas de primerísima línea, como Victor Manuel, Lolita, Mikel Erentxun, Albano o Sara Baras. Los ingresos por los derechos de autor han permitido además que el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, tenga un sueldo anual de 250.000 euros en 14 pagas y que tenga planificada su jubilación con el 60 por ciento de lo que cobre el día de su retiro definitivo, previsto en principio para este mismo año.
De acuerdo con las cifras de Cultura, aunque hay ocho entidades recaudando derechos de autor, la SGAE es con diferencia la más importante de todas ellas. Ingresa el 68,3 por ciento del total y reparte el 83 por ciento.
Uno de los conceptos más significativos es el del canon digital. Apemit, la patronal de las pequeñas tiendas de informática y dos asociaciones de internautas han denunciado esta misma semana a la SGAE y al resto de entidades ante la Fiscalía Anticorrupción porque en 2009 ingresaron un total de 95,2 millones, pero sólo repartieron 59,6 millones.
Es decir, abonaron entre los autores el 62 por ciento, pero se quedaron el 38 por ciento restante. Las entidades respondieron con la presentación de una querella contra estas asociaciones, asegurando que se les estaba difamando y pidiendo el archivo inmediato de la denuncia. Rafael Sánchez, portavoz de las entidades de gestión, explica que "cumplimos en todo momento con la ley y si hay una parte del dinero que no se reparte es porque hay un pequeño porcentaje destinado a la propia administración de la sociedad y porque el resto va dirigido a la promoción de la cultura, tal y como recoge la propia ley".
Sánchez insiste, además, en que "no se pueden comparar las cantidades ingresadas y repartidas en un mismo año porque hay veces en las que se tarda en encontrar a los autores titulares de los derechos para poder pagarles por los mismos". La realidad muestra, sin embargo, que los hechos son muy distintos y que las entidades de gestión están haciendo negocios privados con lo que recaudan cobrando a las cadenas de televisión, a las radios, a los organizadores de conciertos, empresas, administraciones públicas y consumidores en general por el uso de su repertorio.
La batalla del canon
El enfrentamiento jurídico ha saltado justo en el momento en el que la industria tecnológica y las entidades de gestión están negociando la reforma del canon digital después de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo declarara el pasado mes de octubre que su aplicación en España era abusiva e indiscriminada. Si no se llegara a un acuerdo, el Gobierno tendrá que modificarlo por ley para ajustarse a la sentencia comunitaria, que obliga a eximir del pago tanto a las administraciones públicas como a las empresas y profesionales.
El gran problema que se plantea ahora es que para que los autores sigan ingresando la misma cantidad, en torno a los cien millones de euros, sólo hay dos soluciones: o se suben las tarifas o se amplía el número de dispositivos electrónicos que están gravados con esta polémica tasa.
Y esa es precisamente la discusión que hace dos años, cuando ya se reunieron las entidades de gestión y la patronal tecnológica, impidió que se llegase a un acuerdo y obligó al Gobierno a tomar cartas en el asunto y decidir por su cuenta y riesgo. ¿El problema? Las entidades de gestión quieren gravar cada vez en más dispositivos un precio mayor y la patronal lo contrario.
FUENTE:
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