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Dos altos cargos de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia han sido citados a declarar como investigados en la primera causa judicial que se sigue en España contra una Administración por retrasar tratamientos a seis pacientes con hepatitis C que murieron en Galicia entre 2014 y 2015. La Fiscalía de Santiago de Compostela les atribuye dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.
La Fiscalía llevaba desde marzo de 2015 investigando al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por las restricciones y retrasos impuestos a la hora de autorizar la aplicación efectiva de los nuevos tratamientos aparecidos para tratar a pacientes con hepatitis C y en enero decidió derivar el tema al juzgado, de modo que desde entonces el fiscal y el juez de Instrucción número 3 de Santiago, Andres Lago Louro, investigaban el caso.
Fruto de las primeras investigaciones, según fuentes judiciales consultadas, el fiscal concluyó que los responsables eran dos altos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia , el que fuera director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez (ahora es gerente del área de Vigo) y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo. La Fiscalía les acusa de un delito de homicidio imprudente, de modo que ha pedido al juez que decretase la apertura de juicio oral. Les atribuye, además, un segundo delito de prevaricación.
El juez, que la semana pasada comunicó a una asociación de pacientes que aceptaba su personación en la causa como acusación popular, aceptó finalmente abrir diligencias y citarles a declarar en calidad de investigados, si bien no ha trascendido si por este mismo delito de homicidio por imprudencia que ve el fiscal o por otra infracción penal.
La denuncia de la Fiscalía tiene su origen en una previa presentada por el colectivo médico Batas Blancas por las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia en relación con nuevos tratamientos como Sovaldi en colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Galicia.
El fiscal analizó las historias clínicas y documentación de ocho pacientes y finalmente se centra en seis casos de fallecidos entre los años 2014 y 2015 dependientes de diversos centros sanitarios gallegos concluyendo que el entonces director general de asistencia sanitaria y la subdirectora general de Farmacia, como personas responsables de los organismos encargados dentro del Servicio Gallego de Salud de la autorización de medicamentos como uso compasivo y la utilización de medicamentos en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica- conforme a las instrucciones establecidas en los programas aprobados-, los tramitaron "con retraso injustificado", "dilatando la toma de decisiones".
La actuación de ambos altos cargos de la Administración sanitaria supuso "poner en grave riesgo la vida de los pacientes", con resultado de muerte en alguno de los supuestos. Entre las actuaciones que cuestiona, figura la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación de la compra de dicha medicación, "eludiendo dar una respuesta a las peticiones formuladas por los facultativos" en relación a pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica e "infringiendo los compromisos establecidos en las instrucciones por ellos elaborados".
En relación con el director de Asistencia Sanitaria, indica que incumplió la legalidad tanto presupuestaria como en materia de contratación en relación con el medicamento Sofosbuvir , que dejó de ser gratuito en enero de 2014. Le cuestiona que "lejos de realizar una retención de crédito para atender la necesidad de gasto" y tramitar un concurso público que garantizase el suministro del total de pedidos de forma inmediata, lo fraccionó en contratos menores. En conclusión, el fiscal indica que el retraso en las peticiones y suministro de Sofosbumir "obedecieron a razones de tipo presupuestario del Sergas, y no de contenido médico o clínico, posponiendo la toma de decisiones".
El portavoz de Batas Blancas, Enrique Costas, manifiesta su satisfacción este lunes tras conocer la noticia de boca del propio juez, pues "lo que viene es a confirmar que los recortes matan, literalmente".
"La Fiscalía no sólo confirma la denuncia, sino que, después de investigarla, confirma nuestros casos y más del doble", indicó Enrique Costas en declaraciones a EL MUNDO. Recuerda que "hay muertes que son consecuencia de políticas basadas exclusivamente en cuestiones presupuestarias" y en las que "se prescinde del criterio médico en base a una decisión política que permitió que gente muriese".
Por su parte, el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha confiado en que se "aclare" lo ocurrido en el Servicio Gallego de Salud, algunos de cuyos cargos están siendo investigados por la Justicia debido al retraso en el tratamiento de la hepatitis C a algunos pacientes que habrían fallecido sin recibirlos, aunque ha asegurado que el plan nacional para combatir esta patología "es un éxito, también en Galicia".
* El presidente de la Xunta responsabiliza a los médicos de que los fármacos no llegasen a pacientes que acabaron muriendo y que están en el origen de la denuncia por homicidio presentada por la fiscalía contra dos de sus altos cargos
* El jefe del Ejecutivo Gallego dice que "la fiscalía tiene todo el derecho a investigar" y compromete la colaboración de su Gobierno aunque califica de "disparate" el escrito del ministerio público
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el debate del ciclo La Tribuna Autonómica, del diario El Mundo, en su primer gran acto en Madrid desde que anunció que presentará de nuevo su candidatura a la presidencia del PP gallego en las elecciones del próximo otoño.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes a los médicos de que los fármacos de la hepatitis C no llegasen a algunos pacientes gallegos y estos acabasen falleciendo, lo que se tradujo en una denuncia de la Fiscalía en un juzgado de Santiago que documenta seis muertes y acusa a dos altos cargos del Gobierno gallego de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricacion administrativa.
Durante un almuerzo informativo en el hotel Palace organizado por El Mundo, Feijóo lo ha explicado con estas palabras: " Quien lo deciden son los médicos y son ellos los que han decidido los tratamientos de los pacientes. La fiscalía está en su pleno derecho de presentar una denuncia y nosotros de darle cuenta de las actuaciones que vamos a seguir adoptando en relación con la hepatitis. En el 99% de los enfermos que llegaron a la comisión [técnica de la Xunta que analiza las peticiones de tratamientos], los médicos dijeron sí a ese tratamiento".
El presidente gallego recalcó varias veces que "la fiscalía es libre para investigar" un caso que el juez ha admitido a trámite y cuya primera decisión ha sido imputar a los altos funcionarios por prevaricación administrativa. Feijóo se comprometió a que la Consellería de Sanidad va a cooperar en la investiagción judicial. "Nosotros tenemos que dar cualquier tipo de expilcación. Hemos tratado a 3.000 personas, hemos invertido 75 millones [en los fármacos de la hepatitis] y vamos a seguir hasta dar el 100% de los enfermos", ha defendido en el coloquio posterior a una conferencia en la que explicó las razones que le llevaron a repetir como candidato en Galicia.
Cuando el moderador del acto le preguntó si no creía que algunos podrían relacionar esas denuncias sobre las muertes con las políticas de austeridad, Feijóo respondió: "Si no recuerdo mal, son dos médicos los que han denunciado esto. Me parece un disparate. El 99% de los pacientes han sido tratados. Por esa denuncia que afecta a dos o tres pacientes no me parece lógico hacer esa relación".
La querella de la fiscalía parte de una denuncia previa que el colectivo médico Batas Blancas remitió al ministerio público y en el que se facilitaban datos e historiales médicos para probar que la Consejería de Sanidad estaba retrasando esos caros tratamientos "por criterios presupuestarios". El escrito recoge un caso por ejemplo, en el que la Xunta retrasó varias semanas el procedimiento administrativo para intentar que los fármacos fuesen abonados por un laboratorio que se ofrecía a custodiar las medicinas de 300 pacientes que cumpliesen una serie de requisitos en toda España. Mientras se eternizaba el proceso administrativo, los médicos de este enfermo reiteraron varias veces por escrito que le estaban suministrando fármacos inadecuados por no poder acceder al Sovaldi. El paciente acabó muriendo antes de recibir las medicinas. En la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es hay documentados otros cinco casos similares.
En su conferencia en el Palace, el presidente gallego volvió a hacer una defensa cerrada de la contención del déficit en Galicia, a la que puso de ejemplo entre las comunidades "que cumplen" y de las políticas de recorte de gasto que ha llevado a cabo desde 2009. Y dio a entender que esa filosofía le acompañará si logra revalidar el Gobierno en las próximas elecciones. Mirando a la primera fila del auditorio donde se sentaba la secretaria de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Marta Fernández Currás, quien fue conselleira de Hacienda en su primer Gobierno, ha dicho: "No nos parecía responsable incumpilr el déficit en su ausencia. Lo hemos cumplido y vamos a seguir cumpliéndolo en 2016, aunque haya elecciones. Las elecciones se consiguen no gastando sino gestionando".
Hereze escribió:http://www.elmundo.es/salud/2016/04/18/5714ace546163fbe778b45fe.htmlDos altos cargos de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia han sido citados a declarar como investigados en la primera causa judicial que se sigue en España contra una Administración por retrasar tratamientos a seis pacientes con hepatitis C que murieron en Galicia entre 2014 y 2015. La Fiscalía de Santiago de Compostela les atribuye dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.
La Fiscalía llevaba desde marzo de 2015 investigando al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por las restricciones y retrasos impuestos a la hora de autorizar la aplicación efectiva de los nuevos tratamientos aparecidos para tratar a pacientes con hepatitis C y en enero decidió derivar el tema al juzgado, de modo que desde entonces el fiscal y el juez de Instrucción número 3 de Santiago, Andres Lago Louro, investigaban el caso.
Fruto de las primeras investigaciones, según fuentes judiciales consultadas, el fiscal concluyó que los responsables eran dos altos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia , el que fuera director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez (ahora es gerente del área de Vigo) y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo. La Fiscalía les acusa de un delito de homicidio imprudente, de modo que ha pedido al juez que decretase la apertura de juicio oral. Les atribuye, además, un segundo delito de prevaricación.
El juez, que la semana pasada comunicó a una asociación de pacientes que aceptaba su personación en la causa como acusación popular, aceptó finalmente abrir diligencias y citarles a declarar en calidad de investigados, si bien no ha trascendido si por este mismo delito de homicidio por imprudencia que ve el fiscal o por otra infracción penal.
La denuncia de la Fiscalía tiene su origen en una previa presentada por el colectivo médico Batas Blancas por las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia en relación con nuevos tratamientos como Sovaldi en colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Galicia.
El fiscal analizó las historias clínicas y documentación de ocho pacientes y finalmente se centra en seis casos de fallecidos entre los años 2014 y 2015 dependientes de diversos centros sanitarios gallegos concluyendo que el entonces director general de asistencia sanitaria y la subdirectora general de Farmacia, como personas responsables de los organismos encargados dentro del Servicio Gallego de Salud de la autorización de medicamentos como uso compasivo y la utilización de medicamentos en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica- conforme a las instrucciones establecidas en los programas aprobados-, los tramitaron "con retraso injustificado", "dilatando la toma de decisiones".
La actuación de ambos altos cargos de la Administración sanitaria supuso "poner en grave riesgo la vida de los pacientes", con resultado de muerte en alguno de los supuestos. Entre las actuaciones que cuestiona, figura la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación de la compra de dicha medicación, "eludiendo dar una respuesta a las peticiones formuladas por los facultativos" en relación a pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica e "infringiendo los compromisos establecidos en las instrucciones por ellos elaborados".
En relación con el director de Asistencia Sanitaria, indica que incumplió la legalidad tanto presupuestaria como en materia de contratación en relación con el medicamento Sofosbuvir , que dejó de ser gratuito en enero de 2014. Le cuestiona que "lejos de realizar una retención de crédito para atender la necesidad de gasto" y tramitar un concurso público que garantizase el suministro del total de pedidos de forma inmediata, lo fraccionó en contratos menores. En conclusión, el fiscal indica que el retraso en las peticiones y suministro de Sofosbumir "obedecieron a razones de tipo presupuestario del Sergas, y no de contenido médico o clínico, posponiendo la toma de decisiones".
El portavoz de Batas Blancas, Enrique Costas, manifiesta su satisfacción este lunes tras conocer la noticia de boca del propio juez, pues "lo que viene es a confirmar que los recortes matan, literalmente".
"La Fiscalía no sólo confirma la denuncia, sino que, después de investigarla, confirma nuestros casos y más del doble", indicó Enrique Costas en declaraciones a EL MUNDO. Recuerda que "hay muertes que son consecuencia de políticas basadas exclusivamente en cuestiones presupuestarias" y en las que "se prescinde del criterio médico en base a una decisión política que permitió que gente muriese".
Por su parte, el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha confiado en que se "aclare" lo ocurrido en el Servicio Gallego de Salud, algunos de cuyos cargos están siendo investigados por la Justicia debido al retraso en el tratamiento de la hepatitis C a algunos pacientes que habrían fallecido sin recibirlos, aunque ha asegurado que el plan nacional para combatir esta patología "es un éxito, también en Galicia".
Como en las próximas elecciones gallegas vuelva a ganar el PP ya es para que los gallegos se lo hagan mirar.
tarzerix escribió:Hereze escribió:http://www.elmundo.es/salud/2016/04/18/5714ace546163fbe778b45fe.htmlDos altos cargos de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia han sido citados a declarar como investigados en la primera causa judicial que se sigue en España contra una Administración por retrasar tratamientos a seis pacientes con hepatitis C que murieron en Galicia entre 2014 y 2015. La Fiscalía de Santiago de Compostela les atribuye dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.
La Fiscalía llevaba desde marzo de 2015 investigando al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por las restricciones y retrasos impuestos a la hora de autorizar la aplicación efectiva de los nuevos tratamientos aparecidos para tratar a pacientes con hepatitis C y en enero decidió derivar el tema al juzgado, de modo que desde entonces el fiscal y el juez de Instrucción número 3 de Santiago, Andres Lago Louro, investigaban el caso.
Fruto de las primeras investigaciones, según fuentes judiciales consultadas, el fiscal concluyó que los responsables eran dos altos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia , el que fuera director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez (ahora es gerente del área de Vigo) y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo. La Fiscalía les acusa de un delito de homicidio imprudente, de modo que ha pedido al juez que decretase la apertura de juicio oral. Les atribuye, además, un segundo delito de prevaricación.
El juez, que la semana pasada comunicó a una asociación de pacientes que aceptaba su personación en la causa como acusación popular, aceptó finalmente abrir diligencias y citarles a declarar en calidad de investigados, si bien no ha trascendido si por este mismo delito de homicidio por imprudencia que ve el fiscal o por otra infracción penal.
La denuncia de la Fiscalía tiene su origen en una previa presentada por el colectivo médico Batas Blancas por las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia en relación con nuevos tratamientos como Sovaldi en colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Galicia.
El fiscal analizó las historias clínicas y documentación de ocho pacientes y finalmente se centra en seis casos de fallecidos entre los años 2014 y 2015 dependientes de diversos centros sanitarios gallegos concluyendo que el entonces director general de asistencia sanitaria y la subdirectora general de Farmacia, como personas responsables de los organismos encargados dentro del Servicio Gallego de Salud de la autorización de medicamentos como uso compasivo y la utilización de medicamentos en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica- conforme a las instrucciones establecidas en los programas aprobados-, los tramitaron "con retraso injustificado", "dilatando la toma de decisiones".
La actuación de ambos altos cargos de la Administración sanitaria supuso "poner en grave riesgo la vida de los pacientes", con resultado de muerte en alguno de los supuestos. Entre las actuaciones que cuestiona, figura la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación de la compra de dicha medicación, "eludiendo dar una respuesta a las peticiones formuladas por los facultativos" en relación a pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica e "infringiendo los compromisos establecidos en las instrucciones por ellos elaborados".
En relación con el director de Asistencia Sanitaria, indica que incumplió la legalidad tanto presupuestaria como en materia de contratación en relación con el medicamento Sofosbuvir , que dejó de ser gratuito en enero de 2014. Le cuestiona que "lejos de realizar una retención de crédito para atender la necesidad de gasto" y tramitar un concurso público que garantizase el suministro del total de pedidos de forma inmediata, lo fraccionó en contratos menores. En conclusión, el fiscal indica que el retraso en las peticiones y suministro de Sofosbumir "obedecieron a razones de tipo presupuestario del Sergas, y no de contenido médico o clínico, posponiendo la toma de decisiones".
El portavoz de Batas Blancas, Enrique Costas, manifiesta su satisfacción este lunes tras conocer la noticia de boca del propio juez, pues "lo que viene es a confirmar que los recortes matan, literalmente".
"La Fiscalía no sólo confirma la denuncia, sino que, después de investigarla, confirma nuestros casos y más del doble", indicó Enrique Costas en declaraciones a EL MUNDO. Recuerda que "hay muertes que son consecuencia de políticas basadas exclusivamente en cuestiones presupuestarias" y en las que "se prescinde del criterio médico en base a una decisión política que permitió que gente muriese".
Por su parte, el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha confiado en que se "aclare" lo ocurrido en el Servicio Gallego de Salud, algunos de cuyos cargos están siendo investigados por la Justicia debido al retraso en el tratamiento de la hepatitis C a algunos pacientes que habrían fallecido sin recibirlos, aunque ha asegurado que el plan nacional para combatir esta patología "es un éxito, también en Galicia".
Como en las próximas elecciones gallegas vuelva a ganar el PP ya es para que los gallegos se lo hagan mirar.
Volverá a ganar y lo sabes,el PP es electoralmente invencible,pese a quien le pese
Marcoliunas escribió:Lo peor es verlo sacar pecho, una y otra vez, con lo de que Galicia es una de las comunidades menos deficitarias...
Nos ha jodido, llevamos desde el 2009 con unos recortes brutales en sanidad y educación.
La calidad de la atención sanitaria, roza el esperpento...falta de medios humanos y de equipamiento para tratar a los pacientes; listas de espera para operarse que superan el año; altas precipitadas a pacientes, que días más tarde vuelven a ingresar en peor estado;negación en la aplicación de tratamientos para enfermos crónicos..y todo esto para abaratar costes.
En la educación: clases superpobladas, profesores impartiendo asignaturas para las que no están cualificados, estado de los centros, ayuda para material escolar...
Carreteras es un estado lamentable, una de las gasolinas más caras del estado,tenemos unos salarios mucho más bajos que la media nacional...
Y aún así...siguen sacando mayoría.
Con razón nos toman por catetos.
Giacomo Agostin escribió:Marcoliunas escribió:Lo peor es verlo sacar pecho, una y otra vez, con lo de que Galicia es una de las comunidades menos deficitarias...
Nos ha jodido, llevamos desde el 2009 con unos recortes brutales en sanidad y educación.
La calidad de la atención sanitaria, roza el esperpento...falta de medios humanos y de equipamiento para tratar a los pacientes; listas de espera para operarse que superan el año; altas precipitadas a pacientes, que días más tarde vuelven a ingresar en peor estado;negación en la aplicación de tratamientos para enfermos crónicos..y todo esto para abaratar costes.
En la educación: clases superpobladas, profesores impartiendo asignaturas para las que no están cualificados, estado de los centros, ayuda para material escolar...
Carreteras es un estado lamentable, una de las gasolinas más caras del estado,tenemos unos salarios mucho más bajos que la media nacional...
Y aún así...siguen sacando mayoría.
Con razón nos toman por catetos.
Yo mismo he tenido que esperar dos meses por una simple radiografía, y ahora me toca esperar casi seis meses para una cita con el traumatólogo.
Después está el tema de las listas de espera para operarse, que te quedas en lista de espera hasta aburrirte pero te "ofrecen" operarte en clínicas privadas para no tener que esperar tanto. Y todo eso sale de nuestro dinero, que es lo más indignante.