Las empresas públicas ignoran los ajustes y suben su plantilla en un 5%

El Gobierno saca pecho del ajuste que está realizando dentro del sector público. Sin embargo, las cifras bien podrían sacarle los colores al Ejecutivo. El número de asalariados de las empresas públicas de la Administración General del Estados, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se incrementó un 5% a lo largo del pasado ejercicio.

En términos absolutos es donde se comprueba la magnitud de la cifra: aumentó en 7.500 personas, hasta los 155.200 empleados a cierre de diciembre, frente a los 147.700 con los que terminó el primer trimestre del pasado año.

Unos datos que aplacan lo que está ocurriendo en las Administraciones Públicas, donde, en el mismo periodo, el número de asalariados disminuyó un 6,6%, al rebajar la plantilla en 193.700 personas, hasta los 2.753.000 asalariados.

Llama la atención porque la mayoría de empleados de las empresas públicas no ha pasado por un acceso como el de los funcionarios, aunque Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues, recuerda que, teóricamente, se deberían respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen para los trabajadores del sector público.

Pero, tal y como explican los expertos consultados por elEconomista, la clase política aprovecha estas entidades para colocar a personas afines. Uno de los ejemplos lo encontramos en Andalucía, donde se han producido varios escándalos por las transferencias de dinero a sociedades públicas que empleaban a personas que no habían pasado ningún proceso selectivo.

Pero también hay que apuntar al PP, puesto que la mayoría de las autonomías están gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy.

Además de resultar contradictorio con la austeridad que enarbola el Gobierno, y que nos exigen nuestros socios europeos, y que pasa inevitablemente por reducir el sobredimensionado e insostenible sector público español.
Administración paralela

También choca de frente con otras decisiones que están tomando algunos Ejecutivos regionales, como privatizar la sanidad al tiempo que aumenta el tamaño de las empresas públicas . Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), su presidente, Miguel Borra, explica que con estas entidades se ha creado toda una "Administración paralela". Por ello, Fernando P. Méndez, miembro del Consejo Editorial de este periódico, apuesta por más rigidez antes de crear una empresa de carácter público. Para ello sería necesario, por ejemplo, la aprobación parlamentaria de estos entes, memorandos que realmente justifiquen la necesidad de esa compañía.

En este sentido, hay entidades muy criticadas, pues aunque algunas pueden tener sentido, y, tal como apunta Borra "tienen su razón de ser" -como Loterías o Adif-, en otros cuesta encontrar la utilidad pública, como es el caso de empresas que gestionan estaciones de nieve o circuitos de velocidad.

Las empresas públicas , además, se utilizan en muchas ocasiones para maquillar todo tipo de datos. Por un lado, al aumentar las contrataciones, se están adulterando las cifras de desempleo. Tarde o temprano, la situación económica, y, sobre todo, los compromisos de reducción de déficit con Bruselas obligarán a adelgazar esas estructuras, lo que aumentará más las ya abultadas cifras de desempleo, aunque proceda del ámbito público.

Pero lo más criticado es que sirva para ocultar deuda de los gobiernos locales o autonómicos, pues su deuda no computa como déficit, así que se convierte en una alfombra donde guardar aquello a lo que la Administración no puede hacer frente.

Los expertos lamentan que gran parte de las empresas públicas no se muevan por criterios de rentabilidad, sino de popularidad o de interés. Todo ello bajo el único argumento de que crear una entidad de carácter público resulta más sencillo que un aparato administrativo. Sin embargo, como explica el catedrático Durán, "en su mayoría son pura estructura de gasto". Pese a que tienen que estar controladas, el letrado reconoce que "tienen margen".

Por otro lado, Durán destaca las condiciones favorables en las que trabajan los asalariados de las empresas públicas . Y pone el ejemplo: algunas empresas públicas premian a sus asalariados si, por ejemplo, no han faltado más de 34 días en todo el año a su puesto de trabajo con 1.400 euros al final del ejercicio. "Son condiciones que en las empresas privadas no se dan", recuerda.
¿Y el plan de racionalización?

El profesor del IEB Miguel Ángel Bernal se refiere al proceso realizado en los países nórdicos, donde se transfirió la gestión pública a la empresa privada, permitiendo "fuertes ahorros". Por ello, Bernal apuesta por que muchos servicios, que no todos, se saquen a concurso, en búsqueda de una mayor rentabilidad.

España ha seguido el camino opuesto. Y ello pese al Plan de Reestructuración y Racionalización del sector público empresarial, aprobado el pasado marzo. A modo de ejemplo, sirven las CCAA, que se comprometieron a liquidar 675 entes. Sin embargo, todavía quedan más de 400 por cerrar, demostrando la inacción de todas las partes en este sentido.

El viernes, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Administración Local, donde ha incluido la supresión de empresas publicas municipales y la prohibición de que se creen nuevas.