El ayuntamiento de Málaga quiere defender su red WiFi municipal en los tribunales. Como adelantó Público el viernes pasado, l
a Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha multado a la corporación malacitana con 300.000 euros por incumplir la normativa actual. La corporación insiste en que sólo da un servicio a sus ciudadanos.
La
resolución de la CMT considera a Málaga como responsable de una falta muy grave. En base a la Ley General de las Telecomunicaciones y el resto de normativa aplicable, el regulador considera que el ayuntamiento ha actuado con dolo (a sabiendas de que incumplía la ley) por no haberse registrado como operador antes de dar conexión WiFi a Internet por medio de su red Biznaga.
El ayuntamiento estudia interponer un recurso contencioso administrativo por estar en desacuerdo con la resolución. "Si nos registramos como operador, enseguida nos obligarían a cobrar por la conexión", explica el concejal de Nuevas Tecnologías, Francisco Salas, impulsor de un proyecto que hoy ofrece WiFi en 40 dependencias municipales y, en el futuro, querían extenderla a otras 120.
"La sanción económica, aunque es dinero, no es lo importante, sino el asunto de la autoprestación". La norma establece que, en el caso de que una administración necesite para las funciones que le son propias acceso a Internet, no tendrá que registrarse como operador de telecomunicaciones por caer en un régimen de autoprestación.
"Pues todos los ciudadanos son posibles usuarios de nuestros servicios, no podemos discriminar a ninguno", añade el concejal. Para Salas, que sigue defendiendo que la red Biznaga entra en la autoprestación,
"una administración pública es administración en todas sus sedes".La CMT ha dado un plazo de 15 días a Málaga para que se inscriba en el registro de operadores. "Pero el paso siguiente al registro será prohibirnos darlo gratis", comenta Salas. Y la idea de cobrar el acceso no entra en los planes del ayuntamiento. Por lo que no descartan cerrar la red.
Sobre la multa, el edil se muestra sorprendido. "La instructora de la resolución pidió 2.000 euros pero parece que no le gustó a la CMT y la han subido a 300.000; ¿dónde está la proporcionalidad por 40 puntos de acceso?", pregunta. "La CMT usa estas estas sanciones para obligar a los ayuntamientos se registren", añade.
En la nota de prensa que ha hecho pública la corporación malacitana se destaca el hecho de que
la CMT haya actuado de oficio en su caso, cuando en todos los anteriores fue tras denuncia de parte. "Ellos dicen que nunca actuan de oficio, pero a día de hoy nosotros no sabemos quién nos ha denunciado", explica Salas.
Al concejal le da la impresión de que iban a por ellos. "A por Málaga, que tiene más repercusión", denuncia.
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