La Voz de Galicia escribió:Vendían por solo 30 euros tarjetas para consolas preparadas para piratear juegos cuando el gigante de japonés Nintendo cobraba por sus originales algo más de 50. Por ello, el juzgado de lo Penal número 2 condenó al propietario de la tienda Todo Consolas a seis meses de prisión y a una multa de 3.600 euros como autor de un delito contra la propiedad industrial.
En la sentencia se dice también que la multinacional nipona deberá fijar la cuantía por los perjuicios causados. Se sabe que el valor de mercado de los efectos intervenidos en la nave de la empresa y en la tienda fue tasado en 119.000 euros; si bien el juez precisa que los objetos incautados «no han podido causar daño alguno dado que no han entrado en el mercado». Por ello, a Nintendo, que acudió al juicio como acusación particular, solo le queda reclamar por lo que se vendió. Para ello, también recuerda el juez en la sentencia, se tendrá en cuenta que el volumen de negocio de la empresa del procesado únicamente tiene salida en el mercado de los juegos piratas. Es más, el acusado «efectuó una campaña de publicidad en Navidad. Trataba de que la masa de adolescentes y niños que disponían de una DS supieran que tenían un dispositivo capaz de vulnerar los sistemas establecidos por la casa Nintendo para evitar que programas no originales puedan ser instalados en el dispositivo».
El juez Vázquez Taín añade en su sentencia que el cartucho que vendía el acusado «únicamente tiene por finalidad romper el sistema de seguridad de la consola. No tiene ninguna otra finalidad». Esos dispositivos «se vendían por miles», recuerda la sentencia, por lo que Nintendo podría reclamar como indemnización una cifra muy superior a los 100.000 euros.
Fue un inspector de la marca japonesa la que destapó todo. Se presentó en la tienda y pidió uno de esos dispositivos piratas. Eso le valió a Nintendo para presentar la denuncia y que la policía procediera a la entrada y registro de la tienda y de la nave el 16 de diciembre del 2009.
El acusado se defendió en el juicio alegando que el software es libre y que se puede desarrollar uno y ponerlo a la venta.
