Obama propone penas de cárcel para frenar la piratería

fuente: http://www.larazon.es/noticia/9237-obam ... -pirateria

El presidente de EE UU ha mostrado su lado más duro en la negociación sobre la defensa de la propiedad intelectual.

Hace unos días, Obama se pronunció claramente sobre su intención de luchar «con agresividad» contra la «piratería» en internet, y ayer comprobamos que su aviso iba en serio. El grupo francés La Quadrature du Net, uno de los más combativos contra la ley «antipiratería» francesa, filtró a través de su web el borrador del ACTA, el tratado contra las falsificaciones y para la protección de la propiedad intelectual que ha impulsado EEUU y Japón, y que negocian en secreto con las grandes potencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio, cuya próxima reunión tendrá lugar en Nueva Zelanda en el mes de abril. Entre las medidas que proponen en lo referente a internet, destaca la posibilidad de imponer penas de prisión por delitos contra la propiedad intelectual. Para los más críticos supone además convertir a las empresas telefónicas en vigilantes de la red sin un respaldo judicial detrás, pues invitan a «terminar con la suscripción y cuentas de los usuarios reincidentes»; de no ser así, podrían sufrir multas o la clausura de sus empresas.

Un problema constitucional
También podría obligar a Estados Unidos a imponer responsabilidad criminal a los que «inciten» a la violación de los derechos de propiedad intelectual. En algunos de los casos se apunta directamente la vía penal, es decir, como el escrito señala textualmente: «Podrían imponerse penas de prisión». Además, se establece la posibilidad de crear un consejo supervisor internacional que repase todos los aspectos del acuerdo, es decir, la competencia de internet correspondería a un ente de alcance mundial. Levanta sospechas también que se indique que no será un requisito obligatorio identificar qué «artículos» (archivos) protegidos se están intercambiando para proceder a la sanción del internauta.
No sólo los usuarios europeos, también la Prensa norteamericana advirtió de que algunas de las medidas pueden ir contra la Constitución norteamericana. Medios como «The Washington Post» señalan que este tipo de sanciones no podrían obtener el visto bueno del Senado por excesivas, pero que la Administración Obama plantea que se pongan en marcha a través de un «acuerdo único ejecutivo», que sólo requeriría del visto bueno del presidente. En el llamado país de las libertades, llama sobre todo la atención que no se haya sometido al escrutinio público. Sobre todo, después de que el presidente Obama prometiese transparencia total desde un principio. En Estados Unidos hay una larga tradición de que sus leyes se sometan a debate entre los ciudadanos. En líneas generales, los procedimientos constitucionales normales requerirían que Obama presentase el texto final del acuerdo para que el Senado lo aprobase.
De esta forma, en caso de que este documento se rubrique por los líderes de la comunidad internacional, sería la primera vez que se adoptaría un medida global para regular la responsabilidad de los proveedores de los servicios de internet cuando sus clientes realizan descargas ilegales. Estados Unidos negocia con la UE, Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, México, Marruecos, Singapur y Suiza, entre otras naciones. Las naciones interesadas en este acuerdo se reunirán el mes que viene en Nueva Zelanda.
Precisamente, la filtración del borrador del ACTA se ha producido sólo dos semanas después de que el Parlamento europeo se haya opuesto a la medida en caso de que contenga la política de «los tres avisos» que ya está vigente en Francia. Además, votó una resolución especialmente contundente contra la negociación secreta de dichas medidas. También el responsable comunitario de la protección de datos avisó de las incompatibilidades que puede generar el tratado con la legislación europea.

Contra los tres avisos
La Quadrature du Net, a través de cuya web se ha filtrado el documento íntegro de 56 páginas, ha sido uno de los grupos más beligerantes de la llamada Ley Adopi, que establece en Francia la obligación por parte de las operadoras de identificar a los usuarios que intercambien material protegido, que recibirán tres avisos para que dejen de hacerlo, y, en caso contrario, se les cortará el acceso a internet. Hasta ahora sólo se conocían filtraciones parciales sobre el documento.
El acuerdo, que empezó a gestarse en 2007, ha tomado fuerza en las últimas rondas al ponerse al frente los hombres de Obama, y, según lo previsto, debería firmarse antes de finales de este año. Para algunos analistas, el secreto de las negociaciones se debe a que no se trata tan sólo de provocar un cortocircuito en la opinión pública de los países participantes, sino también de excluir de la preparación del nuevo orden a naciones no muy proclives a este tipo de cuestiones, como Brasil, Argentina o India. Una vez llegado a un acuerdo entre las principales potencias mundiales, las demás serían «invitadas» a unirse, es decir, no les quedaría otro remedio. Para que eso ocurra es probable que aún haya muchas modificaciones en la redacción final del texto. Lo que ha salido a la luz es un farragoso documento lleno de matizaciones por parte de las diversos negociaciadores que deja traslucir claramente las diferencias que separan, sobre todo, a EE UU de la Unión Europea. Donde los enviados de Obama piden «eliminar archivos», la UE habla de «renombrarlos» también el representante de los 27 quiere poner distancia en los aspectos más críticos y advierte que las medidas serán efectivas, «en caso de no contradecir las legislaciones nacionales».

La «ley Sinde»
Se conoce esta noticia apenas una semana después de que el Gobierno haya enviado al Parlamento la Ley de Economía Sostenible, cuya disposición adicional final establece las medidas que quiere poner en marcha para frenar las descargas. La llamada «ley Sinde» sólo contempla el bloqueo de webs que se lucren con contenido protegido, es decir, no prevé ninguna medida contra el internauta. A pesar de eso, explotó una campaña en la red contra el Ministerio de Cultura. El Parlamento debatirá la ley antes de junio y se pondrán en marcha las medidas, previsiblemente, a partir de septiembre. Antes de finales de 2010 se sabrá si son en un país con tan alto índice de «piratería».