El nuevo consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Ángel Toña, comienza su cargo con polémica. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia le inhabilita por un periodo de 18 meses como administrador concursal, lo que ha encendido las críticas de la oposición que han pedido su destitución en el Parlamento Vasco: EH Bildu, PP y UPyD. Los otros dos miembros de la administración concursal de las empresas Otsaila XXI, Bator Gestión 2004 y Fundifes también han sido inhabilitados. El fallo se puede recurrir al Tribunal Supremo por lo que no es una sentencia firme.
Parece ser que la Tesorería General de la Seguridad Social y cinco trabajadores de estas tres empresas interpusieron un recurso por una primera instancia en la que se rechazaba sus demandas de cobro de deudas. Los tres miembros de la administración concursal, entre los que era parte el actual consejero de Empleo y Políticas Sociales, abordaron un plan para la continuidad de la empresa y la indemnización a unos 200 trabajadores que tuvieron que abandonarlas, en vez de priorizar el pago de deudas a la Seguridad Social. Según el fallo del juez los administradores concursales también dieron preferencia al pago de otros créditos y cobraron su salario como administradores concursales. Si el fallo se hace firme, los trabajadores deberán devolver sus indemnizaciones por despido.
El sindicato LAB ha difundido que no lo demandó porque “no vio actuación incorrecta” y dijo que fue denunciado por “una minoría”, cinco trabajadores de una plantilla de cien personas. Según LAB si alguien es denunciado por apoyar a los trabajadores "no va a ser denunciado por LAB".
El nuevo consejero tomó posesión de su cargo ayer mismo tras la marcha de Juan María Aburto, candidato del PNV a la Alcaldía de Bilbao. Ángel Toña en un comunicado ha explicado que la sentencia es una "decisión de carácter mercantil”, no una “sentencia penal”, por lo que no se puede hablar de “condenado”. Ha puesto su cargo en manos de la Comisión de Código Ético del Gobierno vasco.
Otra fuente:
http://www.eitb.eus/es/noticias/economi ... nistrador/Es interesante. Abre un debate sobre la legalidad y la legitimidad. Este administrador concursal vio legítimo priorizar el pago a los trabajadores e intentar la viabilidad de la empresa, cuando la mayoría se dedican a liquidarla y adiós muy buenas.
Es una sentencia en el ámbito mercantil, no en el penal. Por lo que abre otra vez el debate sobre si los cargos públicos deben cesarse comentan la infracción que comentan. Si este hombre únicamente hubiera intentado favorecer a los trabajadores incurriendo con ello en una infracción legal, debería ser cesado para un cargo público e institucional?
Es realmente importante en este caso remarcar, que dos formaciones (una sindical y otra política) con corrientes de opinión e ideológicas tan cercanas como LAB y EH Bildu, tengan dos formas de proceder completamente contrarias hacia el caso. Lo que le da un halo de singularidad a todo esto, por lo menos reseñable.
