PPSOE pactan en Madrid para mantener el puesto actual de Gallardón

La Comunidad de Madrid no suprimirá el Consejo Consultivo, el organismo que emite dictámenes para el Ejecutivo autonómico en el que los expresidentes regionales tienen garantizado un puesto vitalicio con un sueldo de 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos), coche oficial y asistente. El PP y el PSOE coincidieron en su defensa del Consejo en el pleno de la Asamblea de Madrid del pasado jueves frente a IU y UPyD, que presentó un proyecto de ley en el que pedía su supresión en el plazo de un mes. De los 118 diputados presentes (faltaron 11), 20 votaron a favor de su eliminación y 98 votos en contra. La formación magenta ya planteó su cierre en noviembre de 2013, con el mismo resultado.

Tras dimitir como ministro de Justicia a finales de septiembre, el ingreso de Alberto Ruiz-Gallardón menos de 48 horas después en el Consejo por haber gobernado la Comunidad entre 1995 y 2003 recibió numerosas críticas por la función del organismo y los componentes. De sus 10 miembros, ocho están vinculados al PP —aparte de Gallardón el más relevante es el presidente del Consejo, Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de José María Aznar— y dos al PSOE: Joaquín Leguina, primer presidente de Madrid (1983-1995), y Pedro Sabando, consejero regional de Sanidad entre 1987 y 1995.

Esperanza Aguirre, que creó el Consejo Consultivo en diciembre de 2007, es la única de los tres exdirigentes autonómicos que se mantiene fuera del organismo. Madrid fue la última autonomía en crear su Consejo Consultivo, el más caro de todos (presupuesto de 4,4 millones). Cantabria es la única región que no tiene. “Es un órgano perfectamente imprescindible”, expresó Elvira García, diputada regional de UPyD, que criticó la “politización” en la elección de sus integrantes o que no realicen su actividad de forma exclusiva: “La pueden compatibilizar con cual tipo de actividad privada, y, además, no existe ningún tipo de registro de actividades”.

Como alternativa, UPyD propuso que las funciones del Consejo, que se reúne una vez por semana, generalmente los miércoles, las asuma el Consejo de Estado. Amparo Valcarce (PSOE) rechazó esa opción y defendió la “relevancia constitucional” del órgano frente a la “recentralización de competencias”. Para mejorar la imagen del Consejo Valcarce se inclinó por aplicar “medidas urgentes como modificar el régimen retributivo, el régimen de incompatibilidades y el régimen de permanencia” de sus miembros. A entender de la parlamentaria socialista, debería tener una composición paritaria del Consejo, que actualmente forman ocho hombres y dos mujeres.

La postura del PSOE reflejó una vez más las contradicciones de su discurso, al menos en Madrid. El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Quintana, afirmó el 30 de septiembre que su partido suprimirá el Consejo Consultivo si gana las elecciones autonómicas de mayo de 2015. “No creemos en los consultores vitalicios”, afirmó en referencia a los miembros del organismo que han sido presidentes regionales, “y lo vamos a eliminar”. Quintana definió el Consejo como un “retiro de elefantes populares, monocolor, pues todos sus miembros menos Leguina y Sabando son del PP”. Dos semanas después, el PSOE votó a favor de su continuidad.

“El Consejo debe ser suprimido por razones obvias, su utilidad es irrelevante y sus funciones pueden ser perfectamente asumidas y ejercidas por los servicios de la Comunidad”, coincidió Antero Ruiz, de IU, con UPyD. “Entendemos que el Consejo Consultivo es más necesario que nunca, es un verdadero lujo para los madrileños", esgrimió Bartolomé González (PP), que ensalzó la “personalidad, capacidad y profesionalidad” de sus componentes.