El Gobierno confirmó ayer que están «muy avanzadas» las negociaciones con la Casa Real para incluirla en el nuevo marco de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en el Parlamento que las conversaciones están «casi terminadas».
El Grupo Popular introducirá estos cambios en el proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio. En ese texto inicial, la Monarquía quedaba excluida de la regulación porque, según explicó entonces el Ejecutivo, ésta era la norma y lo habitual en la demás Casas Reales europeas. En el Debate del Estado de la Nación de febrero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó un paquete de reformas en materia de regeneración democrática, al hilo del que los grupos acordaron incorporar a la Ley de Transparencia, ya en tramitación, la mejor formula para incluir a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público. Y añadir, asimismo, una cláusula de entrada en vigor inmediata para las obligaciones de transparencia a los partidos políticos.
A partir de este mandato, el Gobierno comenzó las conversaciones con la Casa Real, que están a punto de fraguar en un acuerdo. El Grupo Popular lo incorporará, vía enmienda, a su proyecto inicial, a ser posible de manera consensuada con el resto de fuerzas parlamentarias.
Desde Moncloa han resaltado en todo momento la «buena predisposición» de Zarzuela para someterse a más controles y a una mayor fiscalización de sus presupuestos. Sobre esto han hablado Su Majestad el Rey Don Juan Carlos y el presidente del Gobierno. La audiencia de esta semana ya la han celebrado.
Este control, como ya explicó la vicepresidenta tras una reunión del Consejo de Ministros, afectará a los gastos de la Casa del Rey que dependen de otros departamentos ministeriales. Es decir, todos los que están sujetos a derecho administrativo. La Casa del Rey, como tal, no es una Administración y, por tanto, no está sujeta a este derecho administrativo, lo que dificulta notablemente su incorporación jurídica a la Ley de Transparencia.
Por otra parte, como anticipó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado lunes, en una conferencia en LA RAZÓN, el Gobierno niega que esté trabajando en una futura Ley de la Corona que desarrolle el artículo 57 de la Constitución en todos los aspectos pendientes, entre ellos, la sucesión y la abdicación. Sáenz de Santamaría subrayó que el Ejecutivo sólo está trabajando en la citada incorporación de la Corona a la Ley de Transparencia. Única y exclusivamente. Y que a esa materia se ciñen también los contactos discretos con los demás grupos parlamentarios para informarles de la situación y cerrar con ellos un acuerdo sobre la Casa Real, y en todos los demás capítulos de un proyecto que, según el Gobierno, es «revolucionario». Con él, cada acto administrativo de una Administración Pública deberá ser colgado en la web para que lo puedan conocer los ciudadanos.
Los trabajos parlamentarios siguen su curso y ayer compareció ante la Comisión Constitucional el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás. Sáenz de Santamaría le encargó precisamente a él un informe sobre medidas para luchar contra la corrupción y mejorar la salud de la democracia, que es el que sirvió de base para las reformas que anunció Rajoy en febrero. Terminado el trámite de estas comparecencias, entonces el Ejecutivo abordará con los demás grupos las modificaciones en el proyecto inicial.
Dice que está satisfecho con la respuesta que está recibiendo de los demás partidos porque es «sensata».
