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La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, ha asegurado hoy que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no prevé que se corte el servicio de Internet a los usuarios "en ningún caso", sino que actuará frente a quienes exploten los derechos de obras ajenas.
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Ya en la Cámara Alta, en respuesta a una pregunta del grupo popular, la ministra ha defendido que con el nuevo modelo, que califica de "gran paso", "ni se va a criminalizar a los usuarios ni se va a cortar una sola conexión a Internet". Quienes "verán limitada su actuación" en la red serán "aquellos que se aprovechan de las obras de los demás y quienes realmente vulneran la propiedad intelectual y explotan obras de las que no tienen permisos", ha añadido González-Sinde en sus declaraciones a los periodistas. En ese sentido, ha asegurado que las medidas contempladas en el antepryecto facilitan el acceso a la cultura a través de una oferta digital legal y permiten la protección del trabajo cultural -que representa casi el 5 por ciento del PIB- en un contexto de "alto índice de vulneración de la propiedad intelectual".
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
De nada han servido las buenas palabras de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que aseguró que la ley no prevé que se corte el servicio de Internet a los usuarios "en ningún caso". Lo que sí prevé es la posibilidad de cerrar sitios sin orden judicial.
Ya circula por la Red un manifiesto contrario a dejar en manos de una comisión del Ministerio de Cultura la potestad de cerrar páginas web que, a su juicio, vulneran los derechos de propiedad intelectual. Se abre así una peligrosa puerta a la temida censura administrativa.
Todas las alarmas se han disparado tras la publicación esta semana del texto del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que introduce la figura de dicha comisión.
La propia ministra reconocía que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo, las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros, entre ellas, su bloqueo.
Contra los sitios, no contra los usuarios
El texto de la Ley introduce varias reformas puntuales que harán posible este extremo. Por un lado, se modifica la Ley de Propiedad Intelectual para la creación de este órgano, llamada Comisión de Propiedad Intelectual, con potestad para decidir qué páginas web vulneran los derechos de autor o "facilitan" su vulneración -por ejemplo, porporcionan enlaces a sitios de descargas de música, películas, videojuegos...- y, según su propio criterio, bloquearlas.
Por otro lado, se introduce otro punto en el artículo 8 de la LSSI en el que habilita a "los órganos competentes" la potestad de exigir a los operadores que identifiquen a aquellos "responsables" que estén realizando actividades presuntamente vulneradoras de los derechos de autor. "Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos que dispongan", afirma el texto.
Es decir, que la Comisión de Propiedad Intelectual podrá solicitar la identificación de los responsables de sitios web y, en su caso, cerrarlas, y todo ello sin la intervención de un juez 'a priori'. Según dijo la ministra ante el Senado, la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.
González-Sinde insistía, como ha hecho el Gobierno en los últimos meses, en que la persecución de las prácticas contra la propiedad intelectual en Internet no iba a estar enfocada en los usuarios (como sucede en países como Francia o Reino Unido), sino contra los sitios de descargas.
para evitar la piratería hay que ofrecer a los internautas alternativas de pago para poder 'bajar' cine o música de la Red, antes de "cerrar una puerta, que ya forma parte de la vida de mucha gente".
Que ganas de que lleguen las elecciones.