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Los usuarios de la primera versión de la PlayStation 3 en Estados Unidos podrán recibir hasta 65 dólares por haberla comprado entre el 1 de noviembre del 2006 y el 1 de abril de 2010. Sony aceptó pagar un total 3,75 millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por sus usuarios, y estos todavía tienen un mes para solicitar su compensación.
Todo se debe a que Sony decidió eliminar en marzo del 2010 la posibilidad de poder instalar GNU/Linux en las consolas, habiendo sido esta una de las herramientas de marketing que utilizó para promocionarla en su lanzamiento. La empresa alegó razones de seguridad para acabar con esta funcionalidad, pero esto no fue suficiente para evitar que un grupo de usuarios estadounidenses decidiese demandarles.
Para poder aprovecharse de este pago, los usuarios tendrán que haber comprado la consola de un vendedor autorizado dentro de los Estados Unidos, asegurar que sabían de la funcionalidad que permitía instalar otro sistema operativo en ella, y rellenar un formulario en el que deben dar el número de serie de la máquina.
Sony alcanzó el acuerdo con el grupo de compradores hace dos años, pero el tiempo que tienen para poder solicitar el reembolso termina dentro de un mes, el 15 de abril de 2018. Este es un ejemplo de cómo la costumbre de interponer demandas en Estados Unidos puede llevar a hacer soltar bastante dinero a grandes empresas por sus decisiones unilaterales.
PS3, la consola que quiso ser un ordenador
Desde el principio, Sony quiso intentar vender su PlayStation 3 como algo más, como una consola que también pudiera hacer las veces de ordenador. Esto no sólo se debía a su sistema de actualización de software, sino también a una función llamada "OtherOS" que permitía instalar sistemas operativos GNU/Linux en ella.
En 2010, Sony decidió eliminar esa función mediante una actualización de firmware, pero ya desde el principio estuvo claro que no iba a ser un movimiento sencillo. Básicamente, porque enseguida aparecieron voces legales diciendo que ese movimiento unilateral no era legal, ya que esa característica forma parte del producto que compramos.
Sin embargo, y pese a que incluso en países como España algunos abogados como David Maeztu crearon un modelo de reclamación para poder solicitar un reembolso, la empresa nipona decidió desoír a los usuarios y seguir adelante con su decisión de eliminar la función de instalar otros sistemas operativos, lo que al final llevó a esta demanda en Estados Unidos.
Pero en cualquier caso, 3,75 millones de dólares a repartir entre usuarios no es gran cosa para una empresa de las dimensiones de Sony, por lo que al final les ha salido barato romper una de las promesas del lanzamiento de la consola.