Un diputado de Cifuentes, implicado en el mayor pelotazo de la Púnica

Daniel Ortiz, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Móstoles, intermedió para que Cofely, la principal empresa de la trama Púnica, ganara un macrocontrato de alumbrado en esta localidad de 200.000 habitantes al sur de Madrid. Así lo cree la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en un informe incorporado al sumario del caso Púnica recopila pruebas de cómo usó su cargo para influir en la adjudicación del contrato público de mayor cuantía de entre los que dieron a la red los municipios investigados en la causa.

El informe que la OCU entregó al juez Eloy Velasco, de más de 300 páginas y con fecha de septiembre de 2015, relata cómo "el concierto delictivo" pretendía influir en el concurso para que fuera Cofely la adjudicataria, "independientemente de cuál fuese la oferta económicamente más ventajosa", a cambio del pago de "notorias comisiones a cargos públicos vinculados al Consistorio de Móstoles". Según las investigaciones de la Guardia Civil, el entonces alcalde y un concejal habían "adquirido un compromiso previo con Cofely incluso antes de la publicación del contrato".

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El concejal en cuestión era Alejandro Utrilla, edil adjunto de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles, que —según la UCO— pudo cometer delitos de fraude, revelación de secretos y cohecho. El exalcalde, que es aforado por su actual condición de diputado en la Cámara madrileña, sería autor de delitos de cohecho y fraude, según los investigadores. La empresa se había comprometido a pagar una mordida de 240.000 euros a cambio de las facilidades para obtener el contrato.

El concurso para adjudicar el alumbrado público de Móstoles no siguió los patrones habituales de la trama en otros municipios. En lugar de crear los pliegos de la licitación específicamente para facilitar que ganara Cofely, en este caso "se pusieron trabas a los competidores, de forma que finalmente se desechase la oferta del licitador mejor posicionado y se orientase el concurso a la empresa que querían que lo ganase", asegura el informe.

Con un precio de licitación de 75 millones de euros, el contrato mostoleño era especialmente jugoso para la trama. Los responsables de Cofely llegaron a elaborar un informe anónimo para ayudar al Ayuntamiento a desestimar la oferta de otra de las empresas competidoras, Fulton. Para confeccionarlo accedieron al expediente de contratación valiéndose de "contactos personales con los cargos públicos", asegura la UCO, que detectó correos electrónicos y conversaciones entre los implicados en las que aludían a ese informe anónimo.

"Nos están escuchando"
La minuciosa investigación de la UCO incluye escuchas telefónicas, correos electrónicos e infinidad de pruebas documentales. En una de las conversaciones intervenidas los investigadores escuchan a los implicados bromear sobre la posibilidad de que les estén oyendo.

Constantino: No sigas por ahí. No sigas por ahí... que no sigas por ahí.

Pedro: ¿Por?

Constantino: Pues porque nos están escuchando.

Se trata de Pedro García Pérez y de Constantino Álvarez, los trabajadores de Cofely que presuntamente urdieron el amaño. Los investigadores escucharon al primero decir por teléfono una frase que resultó muy reveladora: "Nadie puede negar que nos han echado una mano en que resultáramos adjudicatarios del contrato". Justo antes hablaba con Álvarez de "resolver lo de los 240.000 euros". Y justo después es cuando este último le pide a García que no siga por ahí porque les pueden estar escuchando.

El ahora diputado Ortiz no es el único político que tiene relación con el contrato de Móstoles con Cofely. Mario Utrilla, exalcalde del PP de Sevilla la Nueva, municipio muy cercano a Móstoles, colaboró con su hermano Alejandro Utrilla en el amaño del millonario concurso de alumbrado, según el informe de la UCO. Utrilla también fue diputado de la Asamblea de Madrid en la pasada legislatura. El juez Velasco llamó a declarar a Utrilla como imputado en junio pasado, junto con los entonces consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar.

Daniel Ortiz ha rehusado comentar el contenido del informe incluido en el sumario de la trama Púnica, del que el jueves se conocieron varios tomos hasta ahora secretos y que adelantó EL PAÍS. Una portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha remitido una nota de prensa en la que asegura: "Como ya declaré ante la ciudadanía cuando era alcalde y ahora como portavoz en la oposición, mantengo mi actitud de más absoluta indignación con los casos de corrupción y en el caso de la Operación Púnica son falsas todas las acusaciones que hoy he recibido hacia mi persona".