Venezuela prohibirá la venta de videojuegos belicos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en forma preliminar un proyecto de ley para prohibir la fabricación, venta y alquiler de video juegos o juguetes bélicos. El proyecto contó con el apoyo del oficialismo y de la oposición.

La bancada del partido oficialista Patria Para Todos (PPT) elaboró el proyecto, que introdujo con un par de videos de expertos sobre los efectos que las imágenes de conductas agresivas tienen sobre el comportamiento de los niños.

Para compeler a sus colegas parlamentarios a apoyar la ley, el portavoz de PPT, José Albornoz, vino “armado” con uno de los juguetes criticados.

“Ésta es una réplica del M16 (fusil de asalto) en cualquier calle. Eso da miedo. No hay control en este tipo de juguetes. En esos cybercafes en que los muchachos se meten están los elementos de las armas y la pornografía”, dijo.

Pero la audiencia no requirió de mucha persuasión. Como ocurre en pocas ocasiones, los representantes de la oposición estuvieron de acuerdo con los del gobierno, esta vez en la necesidad de regular de alguna forma la circulación de estos objetos.

La inseguridad personal, con su carga de violencia, aparece frecuentemente en las encuestas como la principal preocupación de los venezolanos. De acuerdo con estadísticas oficiales, la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 26 años en Venezuela es impacto de bala.

Útil o estéril

La restricción de venta o fabricación de juguetes bélicos se extendería al “conjunto de objetos destinados al entretenimiento infantil, sean réplicas de armas de fuego, armas blancas, contundentes, arrojadoras de puños”, explicó un boletín oficial de la Agencia Bolivariana de Noticias.

Los videojuegos “de naturaleza bélica, que impliquen la utilización de armas o donde la destrucción y la violencia constituyan los elementos esenciales para obtener el triunfo” también quedarían prohibidos.

El gobierno vigilaría el cumplimiento de esta norma a través del Instituto para la Defensa de las Personas al Acceso a los Bienes y Servicios, como se llama ahora a la antigua oficina de protección al consumidor.

“Hay que estudiar la ley y rescatar lo útil que tenga, pero este tipo de normas terminan siendo estériles en términos prácticos”, opinó la portavoz de la ONG especializada en derechos humanos, Control Ciudadano, según Rocío San Miguel.

Según le dijo San Miguel a BBC Mundo, hay temas más importantes relativos a la reducción de la violencia como fomentar los valores en el seno de la familia y la sociedad.

También apuntó a una contradicción, en el hecho de que mientras se discute esta ley en la Asamblea hay “declaraciones de altos funcionarios del Estado en una apología permanente de la guerra, en una incitación al odio, llamando a que se armen las poblaciones civiles”.

Fuente: BBC Mundo

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