Y otro más... imputada la Delegada de Gobierno de Madrid por chanchullos en Mercamadrid

Imputada Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, por un posible delito societario en Mercamadrid

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa (PP), ha sido imputada (la fígura jurídica ahora conocida como investigado), junto a otros 15 ex miembros del Consejo de Administración de la empresa pública Mercamadrid, por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por un presunto delito societario en una operación en 2013.Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el citado juzgado ha incoado ya diligencias previas por el presunto delito y por ello procede a advertir a los 16 implicados, entre ellos el hermano del ex presidente de la Comunidad Ignacio González, Pablo González, o el director general de Seguridad de la Comunidad Enrique Núñez, que fue concejal de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, "que la instrucción del asunto será respecto a ellos en calidad de investigados", aunque todavía no les ha citado a declarar.Las diligencias se dirigen también contra José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J.M. del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Alvarez y José Domingo Rodríguez Losada. Todos ellos eran miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013.Tras concluir un acto de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Dancausa ha asegurado que está "absolutamente tranquila", puesto que las decisiones que están en cuestión se adoptaron de acuerdo a informes. En cualquier caso, la delegada del Gobierno ha afirmado que "entra dentro de la normalidad que un juez quiera investigar la denuncia de un fiscal". Posteriormente, a través de un comunicado, ha explicado que "no es cierto" que haya sido imputada. "Lo único que ha hecho el Juzgado de Instrucción es admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid. Por lo tanto soy investigada, no imputada. El juez no me está imputando ningún delito", ha explicado. Asimismo, la delegada del Gobierno ha dicho que ha presentado "hoy mismo" un escrito de alegaciones al que se adjunta toda la documentación que "demuestra que la denuncia es infundada porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales". Entre otras cuestiones, señala que "Mercamadrid arrendó los locales a Mercaocio porque era la mejor manera de poner fin a un litigio de resultado incierto, de recuperar unos cánones impagados, y sobre todo porque Mercasa se comprometió a subarrendar esas mismas naves por el mismo precio, por lo que la operación era beneficiosa para Mercamadrid". Asimismo, Dancausa ha señalado que tras 16 meses de "supuesta investigación a raíz de una denuncia instigada por Ahora Madrid", la Fiscalía "no ha comprobado hechos esenciales que le habrían permitido ver que aquí no existe ninguna irregularidad, no ya penal, sino tampoco civil". "Estoy convencida de que la denuncia se archivará, y entonces analizaré el ejercicio de todas las acciones legales que me asisten en Derecho para resarcirme del daño reputacional y moral que esta denuncia pueda causarme", ha advertido. 'Prácticas irregulares'La imputación tiene su origen en una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. En su escrito a la Fiscalía consideraban que hubo "prácticas irregulares" en la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51%.La Fiscalía Provincial de Madrid recogió el guante y presentó una denuncia el pasado mes de abril ante el Juzgado Decano de Instrucción contra las 16 personas citadas. En su denuncia, la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A. Mercamadrid S.A. estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera. Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado. Merca Ocio Hoteles 22, S.L., por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración. Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio. El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio 22 S.L. y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla, "incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional", informa Europa Press. El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la Vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Mercaocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial. Cánones impagados Para la Fiscalía el "enriquecimiento ilícito" de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032. En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349, 51 euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno". También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras. Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81 por ciento superior al precio de mercado y deja bien claro que en el "momento actual" no consta "si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos"ReaccionesTras conocer la noticia, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha apuntado en su cuenta de Twitter la "interesante evolución de los acontecimientos" en relación a las presuntas irregularidades de Mercamadrid denunciadas por el Gobierno de Manuela Carmena.

El Grupo Municipal Socialista en el Consistorio de la capital, por su parte, ha pedido la dimisión de Dancausa. "No puede estar ni una hora más al frente de la Delegación del Gobierno", ha señalado la portavoz, Purificación Causapié. "Es imprescindible que se actúe con toda diligencia para limpiar las instituciones y se aparte de las mismas a las personas sobre las que, cada vez con más fundamento jurídico, existen serias sospechas de corrupción", ha añadido.