Por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente | La sentencia considera al Ministerio de Defensa responsable civil subsidiario, por lo que tendrá que hacer frente a las indemnizaciones que se fijen | Se trata de la primera condena que la Audiencia Nacional impone a un general del Ejército en toda su historia
La Audiencia Nacional ha condenado a 3 años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han señalado que el tribunal presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez ha considerado a Navarro autor de un delito de falsedad documental y le ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación, mientras que los otros dos acusados han sido condenados en calidad de cómplices del primero.
El tribunal en su sentencia ha llegado a la "convicción" de que Navarro "actuó con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad", por lo que "actuó dolosamente", ya que sabía que no tenía 30 cuerpos identificados y decidió "falsear la verdad".
Navarro ha sido también condenado a seis meses de multa (1.800 euros), mientras que Ramírez y Sáez tendrán que hacer frente cada uno a una multa de tres meses (900 euros).
Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia.
La sentencia -que las familias de los fallecidos han recibido con lágrimas de satisfacción, pero en la calle porque no se les ha permitido el acceso al tribunal- considera al Ministerio de Defensa responsable civil subsidiario, por lo que tendrá que hacer frente a las indemnizaciones que se fijen.
Navarro no ingresará en prisión
A pesar de que la pena a la que ha sido condenado Navarro supondría su ingreso en prisión, éste no irá a la cárcel por ser una pena menor de cinco años que no se ejecuta hasta que adquiera firmeza y con toda probabilidad la defensa del general la recurrirá ante el Tribunal Supremo.
Según uno de los abogados de la acusación, Leopoldo Gay, la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado además a Navarro al pago de una indemnización de 10.000 euros por las 30 identificaciones erróneas, mientras que las compañías de seguros a las que también reclamaba indemnizaciones han resultado absueltas.
Gay se manifestó también satisfecho con la sentencia porque "ha llegado casi al umbral de los seis años (que pedía esta acusación para Navarro)" y la Audiencia "ha dado respuesta" a los anhelos que perseguían las familias desde hace seis años.
Sobre un posible recurso ante el Supremo, el letrado ha dicho que adoptará una decisión al respecto cuando hable con los familiares después de leer la sentencia y hacer una reflexión tras la cual, ha añadido, las familias van a tener que descansar y "llorar en silencio esta sentencia".
El fiscal Fernando Burgos solicitaba cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les imputó un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.
Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente. Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de "los autores intelectuales" que obtuvieron "un beneficio político" de la "pronta repatriación" de los cuerpos.
El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro. El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas. Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.
