Empezó Venezuela y continua Brasil. Esta claro que ambos mercados no son de los mas importantes y además de ser pocos los juegos o consolas que se distribuyen en ambos países son pocos los juegos que se compran, pero los gobiernos tampoco ayudan proponiendo leyes que prohíben a los ciudadanos jugar a juegos que según la institución puedan resultar ofensivos.El Senador Valdir Raupp (foto derecha) es el autor del proyecto de ley aprobado en la Comisión de Educación del Senado que espera ahora su última votación en el Comité de Constitución y Justicia que convertirá en delito realizar la importación o distribución de videojuegos ofensivos en el pais sudamericano. Según Ranupp el objetivo es frenar el desarrollo, distribución, importación, comercialización y custodia de videojuegos que afectan a las costumbres, tradiciones del pueblo, su culto, credos, religiones y los símbolos.
El proyecto de ley impondrá una pena de prisión de uno a tres años a los responsables de cometer delito.
