JOAN Domènech
De nuevo una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aprovechada mediáticamente, ha puesto en duda las garantías de las familias para que sus hijos puedan recibir la primera enseñanza en la lengua familiar habitual cuando ésta es el castellano. Más allá de los aspectos administrativos de la sentencia, nos gustaría manifestar nuestra opinión no respecto a lo políticamente correcto, ni desde posiciones partidistas, sino aportando el punto de vista profesional que, a menudo, no se tiene en cuenta, interesados como están algunos sectores en disparar y dañar cuanto más mejor.
Con todo este revuelo, indirectamente, vuelve a ponerse bajo sospecha los esfuerzos educativos que el profesorado y el resto de la comunidad educativa están haciendo para lograr que todo el alumnado que vive en Catalunya, una vez finalizada la enseñanza obligatoria, conozca suficientemente las dos lenguas, tal como señala la ley. Esto se hace desde sectores que dudan de este objetivo cargado de razones educativas: razones como que el conocimiento de las dos lenguas es importante para la formación individual, favorece la cohesión social y, sobre todo, porque logrando este objetivo para todos no se discrimina a nadie. ¿Han pensado algunos de los firmantes en las posibles consecuencias del no cumplimiento de este objetivo? Quién saldría perjudicado sería el sector que tiene en el castellano su lengua materna o el que vive en un contexto en el que el castellano es la lengua mayoritaria, ya que se le va a privar del conocimiento de la lengua propia del país en el que vive. Una lengua que, mal que les pese a algunos, es una lengua de comunicación, de diálogo, de entendimiento, y también de ciencia y de humanidad.
La escuela es un espacio privilegiado de convivencia, cohesión y atención a la diversidad. Para conservarlo hay que mantener este espíritu de acogida y, a la vez, unos signos de identidad que ayuden a cohesionar la comunidad. Y la forma como se haga el aprendizaje de las dos lenguas es uno de los elementos más importantes. No podemos acabar teniendo tres tipos de escuelas como en el País Vasco (en castellano, en euskera y bilingües), del mismo modo que sería absolutamente negativa la separación de escuelas en función de la religión de las familias (católica, protestante, musulmana, etcétera).
TRAS LA experiencia de los últimos 30 años, puede afirmarse que la forma de conseguirlo en una sola sociedad como la nuestra, dominada culturalmente --no nos engañemos-- por la lengua castellana, es con una metodología que sitúe el catalán como la lengua básica, habitual y común de aprendizaje y como vehículo natural de comunicación en la escuela. Reivindicar, como hace este colectivo, que se enseñe en la lengua materna, además de ser una cuestión técnicamente imposible (hay escuelas en Catalunya en las que las lenguas maternas de niños y niñas pueden llegar hasta 20 o más), discrimina en la práctica a los alumnos y jóvenes no catalanohablantes, imposibilitándoles que puedan alcanzar un nivel básico de conocimientos del catalán.
Hay que seguir con política de acogida, respecto y potenciación de la diversidad cultural y lingüística de las escuelas. Este principio de acogida que la escuela pública ha hecho suyo como un signo de identidad es lo que permite que cualquier niño, venga de donde venga, hable lo que hable, pueda encontrar en el centro educativo una comunidad que le ayudará a crecer en todas las dimensiones y a integrarse en todos los aspectos en la sociedad que le acoge. En este proceso, el valor del castellano es distinto al de las lenguas que también hablan los sectores procedentes de la inmigración, y no debe tener el mismo trato específico. Precisamente es el aprendizaje del castellano que se hace en la escuela, y muy bien, debe plantearse como una oportunidad inmejorable el lograr su dominio por parte de todos los sectores de la población escolar, sea cual sea su lengua materna, haya nacido en Pakistán, en el Casc Antic de Barcelona o en Prullans.
El castellano es una lengua de uso habitual en nuestra sociedad, presente mayoritariamente en los medios de comunicación audiovisual y cuyo conocimiento está garantizado, si se mantiene el trato que actualmente recibe en la escuela. Algo que no ocurre por igual con el catalán, precisamente por el entorno tan agresivo que sigue sufriendo.
LA ASOCIACIÓN por la tolerancia debería dedicar sus esfuerzos precisamente a contribuir a mejorar la acogida que puede hacerse en las escuelas y a pedir el máximo rigor educativo, dejando a los propios maestros la responsabilidad de su concreción. Ésta sería una labor mucho más útil que intentar enfrentar a comunidades por las lenguas de origen, utilizar políticamente un tema educativo y proponer medidas que, por equivocadas, perjudicarán precisamente a quienes pretenden defender.
Estamos acostumbrados a que la lengua sea utilizada como arma política, cargada no de futuro comunicativo, sino de presente segregador. Si el objetivo no es eliminar el catalán de nuestra sociedad, sino lograr el conocimiento suficiente de las dos lenguas, hay que confiar en los profesionales para que lo hagan del modo que pedagógicamente consideren oportuno: con respeto por todo lo que sean derechos y deberes de la ciudadanía y consolidación de los valores democráticos. Las injerencias en el terreno profesional sólo perjudican a los propios objetivos. Es necesario que nos dejen trabajar y, en cualquier caso, ser cuidadosos al máximo para desterrar cualquier tipo de conflicto, trabajar por la cohesión y vigilar que, al final, los objetivos se cumplan.
Maestro y miembro de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (MRPC), como Jaume Cela, que también firma este artículo.