Tal y como se esperaba, el Consejo de Ministros ha
aprobado hoy el impuesto sobre los servicios digitales, conocido de forma informal como tasa Google (no relacionada con la antigua tasa Google o
Canon AEDE, relacionada con los agregadores de noticias). Esta medida adquiere así la forma de proyecto de ley, echando a andar en dirección al Congreso para la presentación de enmiendas (de totalidad o parciales), su debate y deliberación, su envío al Senado y su aprobación final en el Congreso.
De acuerdo a lo aprobado por el Consejo, el impuesto digital gravará con un 3 % los servicios de publicidad online y de intermediación, así como la venta de datos generados a partir de información de los usuarios.
Fuentes oficiales señalan que con esta medida se prevé recaudar 968 millones de euros cada año. Esta tasa no afectará a todos los negocios, ciñéndose a aquellos con una facturación superior a 750 millones de euros a nivel mundial o de tres millones de euros en España.
Inicialmente la intención era recaudar 1.200 millones cada año, pero según María Jesús Montero, ministra de Hacienda, las estimaciones fueron reducidas de forma significativa debido al menor crecimiento económico que se espera a lo largo de 2020.
Por diseño, el nuevo impuesto sobre servicios digitales es una medida dirigida a gravar de forma específica las actividades de empresas como Google, Facebook, Apple o Microsoft. Se trata de una medida que se adelanta a la estrategia europea de fiscalidad para empresas de Internet y a las negociaciones que están teniendo en la propia OCDE, pero todavía quedan muchas dudas acerca de cuándo comenzará a ser aplicada.
Oficialmente la primera declaración de ingresos "no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre de 2020, para dar margen a las empresa afectadas a adaptarse al nuevo impuesto". Esto se hace suponiendo una aprobación relativamente normal y sin impedimentos. También obviando un posible aplazamiento en el cobro para evitar la aplicación de tasas en las exportaciones españolas por parte de Estados Unidos. Francia, no en vano, fue uno de los primeros países en sugerir un impuesto digital, pero terminó dando marcha atrás para evitar la
imposición de aranceles en sus productos mucho más estrictos que hasta ahora.