El PP se plantea exigir el conocimiento de la lengua para lograr la ciudadanía
Madrid- Posiblemente no sea el debate central sobre el que gire la campaña electoral de los próximos comicios: es una materia fácilmente inflamable y campo propicio para la demagogia de uno u otro signo, la de la multiculturalidad y la de la inseguridad. Sin embargo, no es precisamente una cuestión a la que la sociedad española dé la espalda, sobre todo porque es imposible. A diferencia de la macropolítica, es la calle la que convive con la inmigración o con los futuros «nuevos españoles», una realidad «transversal», más allá de las inclinaciones de voto de los electores, por lo menos en los dos grandes partidos. La ventaja que tiene España en esta materia, afirman los expertos, es contar con la experiencia de otros países europeos, que a estas alturas ya no sólo buscan regular la entrada descontrolada de inmigrantes, sino «educar» a los que aspiran a conseguir la ciudadanía en los hábitos de vida democráticos.
Precedentes
En esta misma línea, el PP estudia incluir en su programa electoral la obligación de saber español para obtener la nacionalidad española. Hasta ahora, en los requisitos no se incluye ninguna referencia a conocer la lengua, incluso en la normativa oficial sólo se especifica que todos los documentos deben estar «traducidos» al castellano, lo que no supone su conocimiento. El asunto se ha puesto encima de la mesa en los debates preparativos del programa electoral del PP, esto sí, con mucho cuidado por el riesgo a que se malinterprete la medida o que sea utilizada políticamente en su contra, aunque ya se esté aplicando en otros países europeos, además de EE UU. En este aspecto, la legislación española es de las más permisivas de Europa.
La propuesta se inclinaría por la fórmula más «suave», que se aplica ya en otros países. No se trata de hacer un examen en toda regla, sino de demostrar conocimientos de español suficientes como para atestiguar que la persona que solicita la ciudadanía está integrada en la sociedad española. Sin embargo, según explican fuentes del PP, hay un cierto resquemor a incluirla en el programa electoral por miedo a que no se entienda. «Hay más desventajas que ventajas», dicen las mismas fuentes, que se muestran inclinadas hacia una fórmula similar a la del «contrato de integración» que Sarkozy propuso en su etapa como ministro del Interior y que actualmente se está aplicando. Por otra parte, lo más deseable para sus partidarios es que este tipo de medida esté integrada en un política europea común sobre inmigración que ponga fin a las políticas nacionales, algo que también ha propuesto el actual presidente de la República Francesa. En realidad, la filosofía de esta medida no se aparta mucho del «certificado de arraigo» que se pide a los extranjeros que llevan más de tres años viviendo en España, que es el paso previo para que puedan contar con el permiso de residencia de forma automática. Lo que sí que se rehuye es el modelo de una sentencia del Tribunal Supremo que denegó la nacionalidad española por residencia a una viuda marroquí por no saber español acogiéndose al artículo 22.4 del Código Civil, que exige un suficiente grado de integración en la sociedad española para adquirir la ciudadanía.
?Francia: El «Contrato de acogida e integración» francés está dirigido a todos los extranjeros no comunitarios que entran por primera vez en Francia con la intención de instalarse de manera duradera. Este contrato, que deben firmar, les obliga a «seguir una formación cívica y, si fuera necesario, una formación lingüística». La formación cívica obliga al aprendizaje de las instituciones francesas y los valores de la República, en particular en lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres y la laicidad. Por otra parte, en la obtención de la nacionalidad -porque el cónyuge sea extranjero o por naturalización- también es obligatorio el conocimiento del idioma.
?Italia: El caso italiano parte de una ley de 1992, según la cual para conseguir la ciudadanía por naturalización después de diez años de residencia continuada es obligatorio cumplir la «inserción sociocultural», que supone hablar italiano y dar prueba de conocer a la sociedad italiana.
?Alemania: Se requiere conocimiento de alemán y, además, existe la obligación de estudiar la cultura y la historia del país, que se lleva a cabo en las «Volksschule» (especie de universidades populares que costean los ayuntamientos), dirigidos a mujeres y hombres extranjeros que se casan con alemanes.
?Reino Unido: Una de las normativas más exigentes la puso en marcha Tony Blair en Reino Unido. El llamado «Test de Ciudadanía», o, para sus detractores, «Test de la britanidad», obliga al conocimiento de la cultura británica en el sentido de conocer el funcionamiento de la vida cotidiana, además del papel de la Reina, del Parlamento, la organización de la Policía o de los servicios públicos. Y por supuesto, saber hablar inglés, excepto los que tienen más de 65 años. El test consta de 24 preguntas que no contestarían todos los británicos de nacimiento. En la actualidad existen más de sesenta centros por todo el país para realizar los exámenes.
Al margen de la comunidad iberoamericana, el mayor incremento de la inmigración procede de la Europa comunitaria y del este (especialmente Rumanía, Bulgaria y Rusia). En segundo lugar del continente africano y, por último, de Asia.