Al Gobierno se le agota la paciencia. Rajoy está dispuesto a mantener la oferta de diálogo con la Generalitat, aunque ya con muy pocas esperanzas, pero al mismo tiempo tiene previsto un plan de respuesta contundente a cada paso ilegal que se dé desde Cataluña. El objetivo es garantizar que en ningún caso se celebrará el referéndum. Esta vez no habrá urnas y el Ejecutivo está dispuesto incluso a intervenir la Consejería de Educación y precintar los colegios electorales, o hacerse con el mando de los Mossos.
Fuentes de Moncloa avanzaron el miércoles alguno de los puntos que se contemplan en el plan de medidas «drásticas» o «coercitivas», como publicó EL MUNDO, para poner freno a la deriva de las autoridades de Cataluña.
A fin de evitar un nuevo 9-N, cuando la Generalitat llevó a cabo, contraviniendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, un simulacro de consulta secesionista con urnas de cartón y un censo obtenido en base a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el Gobierno no descarta llegar a activar el artículo 155 de la Constitución para asumir determinadas competencias autonómicas y así cortar de raíz el proceso. Esto es lo que sucedería si, como explicaron fuentes del Ejecutivo, se decide intervenir en la Consejería de Educación para impedir la apertura de los colegios electorales, o en la de Interior para, llegado el caso, hacerse con el mando de los Mossos d'Esquadra. En el plan del Gobierno están implicados los ministerios de Presidencia, Justicia, Interior y Educación.
El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró al término de la reunión que mantuvieron en la Cámara baja la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y la líder de la oposición en el Parlamento catalán, Inés Arrimadas, que el Gobierno de España «garantizará la legalidad». Y añadió tajante: «El referéndum no se va a celebrar».
El Ejecutivo, dijo, «obligará a cumplir la ley; a cada paso que se dé el Gobierno de España dará otro para hacer que se cumpla la legalidad. Lo haremos con proporcionalidad pero responderemos cada vez que se sitúen fuera de las leyes». En opinión del Gobierno, según explicó el secretario de Estado, la Generalitat «no llegará a plantear el referéndum». «No creemos», recalcó, «que vayan a forzar tanto la máquina».
Mariano Rajoy dispone de los mecanismos necesarios para cada vez que se actúe contraviniendo la ley responder con las medidas apropiadas. Tanto es así que en Moncloa ya no dudan en garantizar que las urnas no se sacarán, que la consulta independentista nunca verá la luz.
Se resiste no obstante el Gobierno a dar por muerta la llamada operación diálogo, esa que ha desplegado la vicepresidenta desde que asumiera la cartera de Administraciones Territoriales y que le ha llevado a desplazarse en varias ocasiones a Barcelona para mantener contactos políticos, económicos y con la sociedad civil a fin de tender puentes. No quieren darla por liquidada pero al mismo tiempo, como admite Bermúdez de Castro, la Generalitat ha llegado ya «a tal deriva que lo que parece pretender ahora es reventar la relación».
El propio presidente del Gobierno reconoció el miércoles que las cosas están «complicadas» con los dirigentes catalanes empeñados en saltarse la ley. Rajoy afirma sin ningún tipo de matices que el referéndum que ahora la Generalitat pretende adelantar a principios del verano en ningún caso se va a celebrar. El Gobierno no quiere repetir la experiencia de 2014, cuando el simulacro de consulta se presentó como un «proceso participativo» y se consintió para «evitar males mayores». «Esa etapa», que para muchos fue de debilidad, «ha quedado atrás; ahora se actuará con firmeza», advierten en Moncloa.
La propia vicepresidenta lo confirmó al término de su reunión con Arrimadas: «Diálogo pero también firmeza», resumió. Fue ella misma quien remitió al secretario de Estado de Administraciones Territoriales para que explicara la nueva actitud del Gobierno frente al desafío.
Por su parte, la portavoz nacional de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró tras su reunión con Santamaría que respecto a la estrategia a adoptar ante el reto independentista, PP y C's se muestran «bastante de acuerdo».
«Los ciudadanos de Cataluña no tenemos la culpa de los planes irreales de la Generalitat», explicó la dirigente de Ciudadanos. «Nosotros somos una alternativa con sentido común», recalcó antes de precisar que «mientras otros vienen a hablar de desconexión» ellos lo que piden son «mejores conexiones para los ciudadanos».
Arrimadas aseguró no haber concretado medidas a poner en marcha en caso de que la Generalitat lleve a cabo su amenaza de volver a convocar otra consulta ilegal para ejercer el llamado derecho a decidir. Sí reclamó no obstante una «protección clara» de los funcionarios para que ninguno de ellos tenga que actuar en contra de la ley bajo presiones.
«Espero que no se tenga que llegar a una situación tan extrema», afirmó aludiendo a una posible convocatoria de celebración del referéndum y a la posibilidad, sugerida desde Moncloa, de aplicar medidas como el precinto de los colegios electorales para evitar la votación.
Los acuerdos alcanzados en la pasada Conferencia de Presidentes a la que no asistió el presidente catalán Carles Puigdemont fue uno de los temas abordados en el encuentro. Para Ciudadanos lo esencial ahora es apostar por las infraestructuras estratégicas que necesitan los catalanes y sobre todo por la reforma del sistema de financiación autonómica que «nunca puede acarrear una lucha territorial», en palabras de Arrimadas.
La democràcia no es pot precintar, ni deixarem que es precinti. #operacioprecintehttps://t.co/gxGtBxK06I
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. Ese es uno de los principales problemas de Podemos. 
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