Las aseguradoras perdieron fondos de los ERE andaluces por inversiones de alto riesgo

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"Las aseguradoras perdieron fondos de los ERE por inversiones de alto riesgo

Colocaron el dinero en ladrillo en países como Rumanía, Brasil o República Dominicana
Andalucía abona por segunda vez las pólizas de los prejubilados

Javier Martín-Arroyo Sevilla 21 ENE 2012 - 20:24 CET

¿Qué tienen en común los bonos basura y el fraude de los ERE? Por descabellado que parezca, existe una sólida conexión. Parte del fondo de 647 millones que la Junta andaluza destinó a los prejubilados de empresas en crisis terminó invertido en el ladrillo de países tan dispares como Rumanía, Brasil y República Dominicana. “Fue una estafa piramidal de libro”, ilustran fuentes de la investigación. Y si no lo remedian los tribunales, ese capital público se habrá perdido para siempre.

El Gobierno autónomo pagó a las aseguradoras la prima de ciertos ERE (expedientes de regulación de empleo) al contado. Ese capital para abonar las pólizas de los prejubilados en cómodas mensualidades durante 15 años, se invirtió a menudo en deuda pública. Pero hubo compañías como Fortia Vida y Apra Leven que arriesgaron y decidieron lanzarse a por el alto interés que daban los bonos basura de promociones inmobiliarias en países del extranjero con nula fiabilidad.

Y tras desencadenarse la crisis mundial, con la misma facilidad con la que se apostó, se perdió. Hoy, los fondos previstos para esas prejubilaciones se han esfumado y el Ejecutivo andaluz ha asumido esos costes (es decir, paga lo mismo por segunda vez). La deuda con las aseguradoras hoy día supera los 300 millones y aumenta cada día. Pero la Junta quiere evitar a toda costa las manifestaciones de obreros en la precampaña de las elecciones autonómicas. El pasado otoño unos 3.000 trabajadores andaluces ya protestaron porque los impagos eran insoportables para sus dañadas economías domésticas.

La angustia de estas familias surgió tras la intervención de la mutua catalana Fortia Vida y la quiebra de la asegurada belga Apra Leven, ambas vinculadas al grupo Eurobank. Desde entonces, estos prejubilados de más de 30 ERE sufren retrasos intermitentes en el cobro de sus pólizas. Es el resultado último de un rocambolesco fraude a gran escala, plagado de sociedades interpuestas, querellas, supuestas descapitalizaciones y abusivas comisiones millonarias de hasta el 25%, cuando el mercado marca el 1%.

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, investiga el perjuicio causado a las arcas públicas, pero ante la ingente documentación intervenida en las sedes de las aseguradoras de Bruselas, Barcelona, Madrid y Sevilla que está pendiente de analizar, la cifra final del supuesto fraude es aún desconocida. Eso sí, los 10 millones cobrados por los 72 intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) son una cantidad ridícula ante los márgenes de beneficios que manejaron estas sociedades, según fuentes de la investigación.

La historia se remonta a la intervención de Eurobank a José María Ruiz-Mateos por el exministro Miguel Boyer, que nombró como administrador a Eduardo Pascual. Con el tiempo, este se hizo con gran parte de las acciones del banco y generó poco a poco un emporio con, entre otras, las aseguradoras Norton Life, Personal Life, Apra Leven y la consultora Vitalia a la cabeza. El Banco de España intervino Eurobank en 2003, la Generalitat intervino sus mutuas y a finales de 2006 las obligó a fusionarse en Fortia.

Mientras tanto, y a pesar de los escándalos financieros que acuciaban al grupo Eurobank desde principios de la pasada década, el ex director general de Trabajo andaluz Javier Guerrero siguió contratando con estas aseguradoras. El ex director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, viajaba a Andalucía para comer con Guerrero una vez al mes.

La fusión de las mutuas en Fortia no resultó, y en 2009 la Generalitat intervino la compañía al detectar un exceso de inversiones en el sector inmobiliario y el traspaso de pólizas a la belga Apra Leven. La aseguradora compraba edificios a empresas fantasma interpuestas que, a su vez, vendía a terceros que finalmente se los revendían a los responsables de la aseguradora, que compraban los inmuebles a un precio irrisorio.

Poco después, una juez de Barcelona impuso a Pascual y a la también directiva María Vaqué una fianza de 600.000 euros tras una querella de la fiscalía por estafa, delito societario y asociación ilícita contra 25 directivos. “Ejecutaron un plan para obtener fondos de los mutualistas para invertirlo en empresas privadas controladas por ellos mismos”, denunció la fiscalía. Fortia Vida era en 2007 la tercera mutua catalana de previsión social, con unos activos de 177 millones. Este diario intentó sin éxito recabar la opinión de Pascual y Vaqué.

En el último episodio de este culebrón contable, tras la intervención del Gobierno belga, la aseguradora Apra Leven, otro eslabón, se declaró en administración concursal. Numerosas pólizas de las 6.000 que abona la Junta andaluza actualmente habían pasado de Fortia a Apra Leven.

Ahora, la juez Alaya ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la “descapitalización de Fortia a través de Apra Leven (…) y el conocimiento de las aseguradoras de las ilícitas prestaciones otorgadas por la Junta”. La magistrada subrayó en un auto que el Ejecutivo andaluz contrató con estas compañías “sin comprobar la ausencia de solvencia económica y sin cumplir con el principio de concurrencia”.

En una ironía del destino, Vitalia (propiedad de Pascual) acabó negociando el ERE de Dhul, una firma de Ruiz-Mateos. Un expediente subvencionado con 12 millones, en el que su hijo Álvaro Ruiz-Mateos firmó una póliza de 2,4 millones, décadas después de que él perdiera Eurobank."


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"Las consultoras se llevaban hasta el 25% del coste de los ERE en comisiones

Los investigadores creen que los intermediarios acapararon gran parte del fondo

Javier Martín-Arroyo Sevilla 20 ENE 2012 - 00:09 CET

"Ahí está el gran mangazo Sin ninguna duda”. La tosca frase de fuentes de la investigación es reveladora. Cualquier observador del caso de los ERE debería dar un paso atrás para ver con perspectiva cómo la mayor parte de los beneficios ilícitos del millonario fraude se la llevaron las consultoras y los intermediarios. De un fondo público de 647 millones, ni los intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) ni las ayudas directas a empresas representaron un fraude tan descomunal y concentrado en pocas manos como el de las consultoras, cuyo porcentaje rondó entre el 15% y el 25% del costo total de los expedientes.

Existía un circuito oficial entre las aseguradoras y la Dirección General de Trabajo de la Junta sin desglose. Y en paralelo otro circuito real donde las consultoras detallaban su minuta y la de sus intermediarios. La primera prueba ha trascendido ahora, después de un año de instrucción. Documentos intervenidos en la consultora Vitalia revelan los porcentajes de los “gastos externos” en el ERE de Mercasevilla, expediente que desencadenó el caso: de 3,6 millones de una prima, hasta 873.000 euros estaba destinado a la tajada de la consultora Vitalia (el 23,89%). De otra de 1,6 millones, hasta 335.000 euros (el 20%). La juez del caso ya ordenó a la Guardia Civil investigar las comisiones de las consultoras Vitalia y Uniter, pero de momento no hay conclusiones plasmadas en ningún atestado.

A priori, los responsables de estos altísimos porcentajes alegarán que ofrecían precios de mercado y la Junta aceptó pagar sus tarifas. Sin embargo, esta excusa legal ante la posible (o evidente) malversación de caudales públicos no parece que tenga base. El presidente del Sevilla José María del Nido también utilizó ese argumento en el caso Minutas para justificar sus altísimas tarifas cobradas al Ayuntamiento de Marbella y finalmente ha sido condenado.

“Lo primero es plantearse si la Junta necesitaba contratar un broker (intermediario) para contratar con una aseguradora, algo innecesario. Las arcas públicas han sufragado hasta un 25% de sobrecoste de las prejubilaciones. Un dislate sin concurso público que no tiene defensa. Existía una estafa para luego repartir beneficios, y está claro que el dinero no llegaba al trabajador prejubilado”, analizan fuentes del caso.

La cifra del altísimo porcentaje deja perplejos a los profesionales del sector de las consultoras ligadas a las pólizas de vida que aseguran a los prejubilados. “La comisión media se sitúa entre el 0,25% y el 1%”, describen fuentes del sector que piden el anonimato. El corretaje en estas operaciones se disparó sin control durante los 10 años en los que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero autorizó las subvenciones para los ERE. Este alegó que la consultora Vitalia le ofreció abonar los pagos en cómodos plazos, ventaja que ninguna otra consultora permitía. Y con el paso del tiempo el sistema se pervirtió.

Los costes externos subieron en una espiral que multiplicaron el precio final de los expedientes hasta generar una deuda de la Junta con las aseguradoras y consultoras que hoy supera los 300 millones. “La comisión se pactaba operación por operación”, desvelan fuentes de la investigación.

De ahí que la comisión dependiera de muchos factores: la presencia o no de intermediarios, los bufetes intervinientes, el porcentaje de los sindicatos, y sobre todo, el momento en que fuera tramitado cada ERE, ya que a medida que transcurrían los años los porcentajes aumentaron. Además, la falta de concurso público en la concesión de los servicios de la Administración es una irregularidad insalvable que los responsables de Empleo deberán justificar ante la juez.

Casi la totalidad de los ERE presentados a la Junta durante la época de vacas gordas contó con financiación pública. Y numerosas empresas vieron un negocio redondo, animadas por los intermediarios. “Las empresas se captaban a través de la información que facilitaban los sindicatos. No había criterio para ser financiado. Había captación de empresas objetivo”, ilustran fuentes del caso. El papel desempeñado por algunos sindicalistas fue esencial para multiplicar los márgenes de ganancias de las consultoras.

La función de estas empresas es garantizar una renta de supervivencia durante los años que le restan al prejubilado hasta su jubilación. Asi, el historial médico de los trabajadores es fundamental para determinar el riesgo de que un empleado enferme o muera. Un trabajo metódico y dedicado que realiza un actuario trabajador por trabajador.

La trayectoria y porcentajes percibidos por las consultoras Vitalia y Uniter tenían diferente número de ceros, aunque ambas obtuvieran beneficios millonarios. “No había una comisión estándar, dependía del coste del ERE y podía bailar entre el 8% y el 25%”, explican fuentes del caso. Eso sí, de los 72 intrusos hallados por la Junta, 60 fueron tramitados a través de Vitalia. Por el contrario, mientras que Vitalia tuvo su época de esplendor hasta 2005, desde entonces Uniter acaparó el negocio de las grandes reconversiones industriales con Delphi y sus industrias auxiliares a la cabeza (1.000 prejubilados).

Durante la última década las consultoras repartieron dividendos con bufetes de abogados, sindicatos (UGT y CC OO, un 1% cada uno), intermediarios y conseguidores. El negocio tenía múltiples ventajas para las consultoras. A veces un pago de 10 millones para un ERE se hacía al contado y Vitalia abonaba el pago a los prejubilados durante 15 años. Y el beneficio que estos pagos a plazos generaba fue espectacular.

Protagonistas sin imputación

Un claro ejemplo de las condiciones tan ventajosas impuestas por las consultoras a la Junta eran las cláusulas de reversión. Es decir, cuando un trabajador moría, el dinero de su póliza no revertía a la Consejería de Empleo que había pagado, sino que la consultora se quedaba con ese capital. Y esa circunstancia ocurría con frecuencia porque el cálculo actuarial no es matemática pura.

La juez del caso aún tiene pendiente analizar este enorme fraude, ya que hasta ahora se ha centrado en los casos de 14 intrusos del total de 72 que identificó la Junta y que esta estima supuso un fraude de 10 millones a las arcas públicas. Una cifra ridícula comparada con los márgenes logrados por las consultoras en 10 años.

De momento, en la causa solo está imputado el intermediario y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, que en ocasiones percibió hasta un 5% del capital de un ERE cuando trabajó como comercial para Vitalia. Tanto el ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín como su empleado Jesús María Bordallo declararon ante la policía pero no en sede judicial. El responsable de Uniter, José González Mata, no ha declarado ni ante la policía ni en el juzgado. Ninguno de ellos está imputado.

El sistema generado por Albarracín incluía una red de mediadores muy versátil en sus formas de pago. “Lanzas cobra sus servicios de mediación de varios modos: emisión de informes, comisiones, cobro de pólizas de seguro cuya prima ha sido abonada por Vitalia, auto-prejubilarse en empresa, etc”, destacó un informe policial."


INDIGNANTE es poco; no hay nada limpio, ni sector público, ni sector privado... y mangoneos de esos han estado dándose impunemente durante décadas en todo el país.