Barack Obama ha salido en
defensa de Google, Facebook o incluso Uber en los diferentes frentes abiertos de los últimos meses debido a las regulaciones habidas y por haber en la Unión Europea. Una locución que no tiene desperdicio y en la que el presidente de los Estados Unidos llega a decir que Internet pertenece a su país.
Las palabras de Obama han tenido lugar en
una entrevista del presidente al medio Recode. Una encendida defensa de las compañías tecnológicas en el país donde no ha dudado en sugerir que las investigaciones de la Unión Europea a empresas como Facebook o Google han sido impulsadas con fines puramente “comerciales”. Según Obama:
Los proveedores de servicios en Europa no pueden competir con nuestras compañías, así que, esencialmente, tratan de establecer algunos obstáculos para que nuestras empresas no operen eficazmente allí
Con todo, la parte más polémica es aquella en la que se ha referido a Internet y el poder de Estados Unidos en la red. Unas palabras que ya han encontrado
su respuesta en un portavoz de la Comisión Europea, calificándolas de “fuera de lugar”. Obama se expresó así:
Hemos sido los dueños de Internet. Nuestras compañías lo han creado, expandido, ampliado y perfeccionado de tal forma que no pueden competir [contra ellas]. Esta es la razón de que muchas veces lo que se presenta como posiciones de principios sobre temas está realmente diseñado por intereses comerciales.
Parece bastante evidente que, sin nombrarlo, Obama hace alusión a las diferencias que han tenido Google o Facebook en los últimos años con los reguladores de la UE. Un punto que el presidente percibe como instrumento para limitar a las empresas estadounidense y que apunta directamente a temas como la
evasión de impuestos, los derechos a la privacidad o el
derecho al olvido.
En definitiva, unas palabras un tanto (bastante) fuera de lugar. Podríamos entender que al hablar de “los dueños de Internet” se refiera al hecho de que han sido (en su gran mayoría) empresas estadounidenses las que han dado forma a la red actual y la manera en la que la usamos. Otra cuestión muy distinta es negarle al resto de países, donde se incluye los europeos, el derecho a cuestionar cómo funcionan y bajo qué normas.