Los acusados por los tartazos a Barcina se enfrentan a una condena sin precedentesLOS CUATRO IMPUTADOS AFRONTAN ESTE LUNES EL JUICIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Denuncian las altas peticiones de cárcel, de entre 5 y 9 años, por un hecho que en Francia se castiga con multa
PAMPLONA. No imaginaban Ibon García, Gorka Obejero y Julio Villanueva -ni ellos ni nadie- que lanzar sendas tartas de merengue a Yolanda Barcina en la reunión de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) en Toulouse el 27 de octubre de 2011 iba a tenerlos hoy enfrentados a unas penas de prisión de entre 5 y 9 años. Una acción desobediente y no violenta, como ellos mismos definen, que no pretendía sino "llamar la atención sobre el despilfarro" que supone el Tren de Alta Velocidad; una acción que en el resto de países de Europa supone una falta penada con una multa económica y que a ellos los sienta este mismo lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional, donde les piden también multas que llegan a los 5.400 euros.
Una "desproporción", que los afectados sitúan por un lado dentro de la necesidad de los poderes fácticos de blindar a la clase política que hoy en día existe en el Estado español y, por otro, a la intromisión en el caso que hizo la propia Barcina, poniendo a su servicio a la Policía Foral para detener "de oficio" a los tres miembros del movimiento Mugitu en Navarra para que les fuera aplicado el sistema penal español, que contempla esta acción como "atentado a la autoridad", y no el francés, que la cataloga de "falta".
Pero los tres tartalaris, como se autodefinen con humor, no son los únicos que están imputados ya que, en el afán de buscar culpables, en febrero de 2012, al abrirse el sumario, imputaron también a Mikel Álvarez como "colaborador necesario" por tomar la palabra en la rueda de prensa que se ofreció el día siguiente a la acción de Toulouse y en la que los tartalaris no pudieron intervenir porque habían sido ya detenidos por la Policía Foral.
Los cuatro deberán presentarse el lunes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y se enfrentan a la petición de penas de la Fiscalía (5 años de prisión y 2.700 euros de multa) y a las de la acusación particular, que ejerce Barcina, que solicita 6 años de prisión y 3.600 euros de multa para Villanueva, García y Álvarez y 9 años de cárcel y 5.400 euros para Gorka Obejero, de quien dice que aprovechó su cargo como concejal en Arruazu (114 habitantes) para perpetrar la acción.
Los imputados afrontan con desconfianza el juicio y, a pesar de los mensajes de apoyo y de ánimo que reciben, ven más que probable que se consumen sus penas de cárcel a la vista del "despropósito" que todo el caso ha supuesto desde el principio. "Esto tiene muy mala pinta, a la vista de cómo ha evolucionado el caso hasta ahora", apunta Ibon García, que ve el proceso como un "atropello". "Desde el principio vi como un atropello que nos detuvieran aquí por un hecho que había ocurrido fuera de las fronteras y de la jurisdicción de este Estado. Me costó entender en qué se basaban para detenernos y realmente no lo han dicho. Son medidas exageradas, no hemos matado a nadie. Tenía la esperanza de que este juicio no se iba a celebrar porque pensaba que no había una legitimidad real. Nos informamos de la ley para que nos juzgaran en el lugar donde íbamos a hacer la acción, no se barajó nunca que se podría juzgar aquí un acto de Francia", desgranó el imputado.
El navarro Julio Villanueva refuerza este argumento y dice sentirse "víctima de una injusticia flagrante, de desproporción manifiesta". "Es el único caso mundial por el que por unos tartazos hay una petición fiscal tan fuerte. A lo largo de estos años de lucha estamos viendo que tanto el proyecto del TAV como la criminalización que se ha llevado a cabo con la oposición es desproporcionada", reflexiona Villanueva, para quien "el Estado español se juega mucho en este proceso". "Están en una ola de deslegitimación. Está en crisis el sistema político español y pensamos que igual nosotros podemos ser los chivos expiatorios de esta política de blindar una clase política que ya de por sí se está desmoronando", considera Villanueva, para quien la operación lo que busca es "venganza" por parte de Barcina. "No se lo tomó como pretendíamos, como una acción cómica que siempre se ha usado, desde el cine mudo hasta nuestros días y la campaña criminalizadora nació precisamente de ella, que utilizó a la Policía Foral. Ha recurrido a la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque", afirma.
También en este sentido, Gorka Obejero reconoce que nunca pensaron que iban a terminar en la Audiencia Nacional y que precisamente eligieron hacer la acción en Toulouse porque sabían que allí estaba penado como "falta". No obstante, dice que llegados a este punto "hay que prepararse para ir a la cárcel" porque "van con el rodillo para juzgarnos". "Será una decisión puramente política; si les interesa que entremos en la cárcel, lo haremos; solo depende de ellos", asume Obejero, antes de añadir que, en todo caso, con el tartazo "nunca se buscó agredir a nadie, sino llamar la atención sobre un tema que sufre un boicot sistemático en los medios de comunicación". Sobre las posibilidades de terminar en la cárcel, Julio Villanueva difiere de su compañero y considera que "también tendrá peso la imagen internacional" y si al Estado español le interesa ponerse al nivel de regímenes con una legitimidad democrática cuestionada.
El último de los imputados, Mikel Álvarez, también espera el juicio con preocupación y, aunque considera "un disparate" terminar en la cárcel, cree que es "posible a la vista de la voluntad vengativa existente tras el júbilo popular que despertó el tartazo en la sociedad navarra". Álvarez, que elude posicionarse sobre la resolución del juicio, defiende la "legitimidad de la acción, que se encuadra dentro de la acción directa no violenta", y puso de relieve el gran respaldo popular que están recibiendo como ejemplifican las más de 25.000 firmas de solidaridad.
En esta reflexión coinciden los cuatro imputados que, más allá de lo penoso del proceso, se muestran satisfechos porque la acción ha servido para mantener abierto el debate sobre el TAV durante estos años y para tener vivo el movimiento desobediente. "Para alcanzar mayores cotas de libertades, muchas veces, paradójicamente, hay que pasar por la cárcel, pero no nos achantaremos ante las dificultades, seguiremos en la lucha y, al final, la historia nos dará la razón", concluyen.
pero visto el castigo casi merecia la pena que en vez de un adoquin tuviese dos.
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