La Asamblea Nacional francesa ha iniciado este lunes el debate sobre una controvertida ley, que permitirá a la inteligencia gala realizar una vigilancia a gran escala de la población sin pasar por el control judicial. La iniciativa, impulsada por el gobierno socialista, se presenta tres meses después de los ataques yihadistas de París que costaron la vida a 17 personas.
El proyecto de ley busca legalizar una serie de técnicas y procedimientos ya empleados por los servicios de inteligencia para vigilar las comunicaciones de personas sospechosas, tanto en Internet como en la red telefónica. Esto obligará a redes sociales, operadoras, motores de búsqueda o empresas que alojan datos, comunicar a los servicios secretos actividades sospechosas, que captarían automáticamente mediante el uso de cajas negras.
Con la nueva ley también se permitirá colocar micrófonos donde los servicios de inteligencia lo crean necesario, entrar en domicilios en situaciones excepcionales, acceder en tiempo real a ordenadores de sospechosos, o colocar balizas de seguimiento en sus automóviles. También se les da acceso a los sistemas denominados Imsi Catcher, que permiten registrar datos de teléfonos móviles u ordenadores sospechosos que se encuentren en las proximidades.
Las actuaciones que hasta ahora estaban fuera de la ley, al borde de la misma o que necesitaban un mandamiento judicial para realizarse, saldrán adelante con el permiso del primer ministro tras escuchar la opinión de una Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información, integrada por cuatro parlamentarios, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto en telecomunicaciones.
Para el primer ministro francés, Manuel Valls, el objetivo de esta normativa es "dar a los servicios de inteligencia recursos a la altura de los retos que enfrenta nuestro país".
Valls argumenta la necesidad de vigilar más eficazmente los movimientos yihadistas, recalcando que en el país "1.900 individuos" están involucrados "en redes terroristas yihadistas".
Asimismo, afirmó que esta ley "será también protectora de los ciudadanos, ya que los límites de lo que es posible hacer en un Estado de derecho se fijarán rigurosamente".
Esta no es la primera vez que, a raíz de los atentados contra la redacción de Charlie Hebdo y el supermercado judío Hyper Casher en París, el gobierno francés impulsa leyes que se saltan el poder judicial. Durante el mes de febrero Francia dio luz verde a un decreto de ley mediante el cual el gobierno puede ordenar el cierre de webs que considere peligrosas sin orden judicial.
