Francia ha dado luz verde a un decreto de ley por el que, a partir de ahora, el gobierno tiene la potestad para silenciar webs que pueda considerar peligrosas (terrorismo y pornografía infantil), ordenando el bloqueo automático de las mismas a través de los proveedores de Internet sin orden judicial de por medio.
La catarata de consecuencias tras los atentado en Francia ya se han hecho notar este fin de semana en el país. Si hace unos días os hablábamos de la posibilidad de que el gobierno frances pudiera responsabilizar a Google y Facebook por la publicación de contenido extremista, desde hace unas horas ha sido aprobado un proyecto de ley que llevaba en fase de desarrollo desde el verano de 2014. Una peligrosa propuesta que, si bien busca acabar con la incitación al terrorismo o las webs de pornografía infantil, su redacción deja a los ISPs como jueces de la red sin juez real de por medio.
Una propuesta que recuerda bastante a otras redactadas aquí en España como la Ley Sinde (su origen combatía la “piratería"). En este caso se trata de una legislación antiterrorista (añadiendo la pornografía infantil) que permite cierres administrativos sin orden judicial. Según el decreto oficial, dentro de las 24 horas de haber recibido una notificación de la Dirección General de la Unidad de Delitos Cibernéticos en el país, los proveedores deberán bloquear los sitios webs indicados.
En el caso de que dicho bloqueo incurriera en costes para el ISP, estos podrán solicitar una compensación al gobierno. Una vez bloqueadas, las webs tendrán una redirección para aquellos usuarios que intenten acceder a las mismas, una página donde se explicará los motivos del bloqueo junto a información sobre posibles recursos en el caso de que se considere que el bloqueo es injustificado o incorrecto. La nota oficial también indica que a partir de ahora se establecerá en el país un régimen de seguimiento trimestral a todas las webs bloqueadas con el fin de vigilar si continúan activas en páginas “paralelas” o si el contenido ha sido borrado.
En definitiva, una ley antiterrorista que trata de velar por la seguridad de los ciudadanos pero por la que muchos grupos de libertades civiles franceses ya han puesto el grito en el cielo. Y es que se trata de una orden que elude el sistema judicial e interfiere con la libertad de expresión, la cual puede llevar a errores de bulto en bloqueos de webs o incluso a que, en un futuro, las nuevas agendas políticas modifiquen y amplíen el poder para bloquear páginas de otras temáticas.
