Pablo Rodríguez Sardineros, director general de Transportes de la Comunidad Madrid, ha confirmado la noticia que el ABC adelantaba esta mañana: Comuto Iberia, filial española de BlaBlaCar, ha sido sancionada por no tener autorización para ofrecer un servicio de transporte público. Se trata de la primera multa que recibirá en Europa la red social de coche compartido (así se definen ellos) de origen francés.
En concreto, la Comunidad de Madrid ha procedido a imponer dos sanciones de carácter muy grave por un valor total de 8.000 euros. Además, la ha multado con otra sanción de 800 euros por carecer de título habilitante. En ambos casos las penas se han impuesto por vulnerar dos artículos de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). Por otro lado, dos conductores de la empresa también han sido sancionados por 4.000 euros cada uno por no disponer de ningún título para el transporte de viajeros.
Según la Inspección de la Consejería el motivo de la multa es que, careciendo de la autorización para realizar este servicio, ha quedado constatado que el importe total cobrado por estos conductores por los trayectos realizados "se excede del importe resultante de compartir los gastos del trayecto entre los diferentes viajeros”. En otras palabras, existiría un lucro y en consecuencia competencia desleal.
BlaBlaCar ha negado la acusación y en un comunicado afirma ser conocedora del procedimiento administrativo, pero afirma que que “no ha recibido ninguna notificación de la incoación de ningún expediente en su contra”. Además resalta que este expediente solo afecta a dos usuarios de lo más de 3.000.000 que forman su comunidad en España.
En su defensa, BlaBlaCar manifiesta que esos dos usuarios cumplían “con las normas de la plataforma y, por extensión, con la legislación vigente”. También avalan que las aportaciones recibidas por los conductores a través de la plataforma “no superaron nunca sus costes de desplazamiento, al ser inferiores a 14 céntimos de euro por kilómetro”. La mitad de lo que el Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE) establece como coste del transporte privado. “Por todo ello, esperamos una resolución positiva del caso, en esta o en siguientes instancias”, dicen desde BlaBlaCar.
Por su parte, la Federación Profesional del Taxi (FPT) afirma que plataformas como BlaBlaCar “utilizan un servicio público para hacer uno privado y lucrarse”. También ven un problema en la fuerte regularización de su sector, y en que mientras ellos deben cumplir un gran número de requisitos, Car2go, Uber, BlaBlaCar o Cabify cuentan con “muchos privilegios”. “En esa guerra estamos sin que nadie mueva un dedo en favor nuestro y nos asfixian”, afirma el vicepresidente de la FPT.
