Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluye una extensa lista de medidas enfocada al control de delitos en Internet. Una de las que más polvareda está levantando se refiere al agente encubierto, un nuevo sujeto que permitirá a la policía "intercambiar o enviar archivos ilícitos" en el marco de cualquier investigación relacionada.
Según explica El Mundo, en el apartado ter e 2 del artículo 588 se especifica que "el agente encubierto electrónico podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos, siendo posible en tal caso el análisis de los algoritmos asociados a dichos archivos". La medida abarca cualquier tipo de investigación, desde intercambio de material pedófilo hasta el de archivos protegidos por derechos de autor.
Al poder actuar “por sí mismo” no queda claro si el agente encubierto informático requiere de una autorización judicial expresa para realizar estas actividades. Para el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en delitos informáticos, existe el riesgo de que el agente encubierto incurra en una incitación al delito, lo que sería inconstitucional. Además, al ser un delito provocado, considerado por la jurisprudencia como una tentativa inidónea, se determinaría la absolución de los acusados.
"Imaginemos el supuesto de un policía de las brigadas de investigación tecnológica que se dedique a compartir en redes P2P archivos de pornografía infantil, o bien obras protegidas por derechos de autor, con el objetivo de detener a quien comparta dichos archivos: si el archivo original es introducido por la policía, estamos ante un delito provocado, lo que quiebra el Estado de Derecho", concluye el jurista experto.
El texto aprobado también incluye el uso de los llamados 'troyanos buenos', una medida heredada del anterior ministro Alberto Ruiz-Gallardón que cuenta con el apoyo de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Esto facultaría que la Policía, bajo mandato judicial, instalase software que permita el examen del contenido de un dispositivo sin el consentimiento del titular.
La tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aún tiene un largo camino por delante, pues tiene que ser remitida al Congreso de los Diputados donde se debatirá y presentarán enmiendas antes de que pueda ser aprobada.
