En realidad, no tendría ninguna particularidad si no fuera porque se trata de una negociación que se ha llevado en secreto desde sus inicios. Un oscurantismo donde estos países, promovidos fuertemente por Estados Unidos, negocian (o han intentando) regular un gran número de temáticas, teniendo entre ellas aquellas que afectan a los derechos de autor.
En el año 2013 se supo parte de lo que había detrás de estas reuniones en secreto. WikiLeaks reveló textos oficiales, un contenido controvertido que creó una gran alarma mundial, sobre todo entre los ciudadanos de los países que estaban inmersos en el acuerdo. Entre otras “disposiciones”, se pretendía limitar los derechos en Internet u obstaculizar los derechos de los consumidores a través de nuevas patentes y leyes de derechos de autor.
Para que nos hagamos una idea, dentro de los cambios que se pretendían, auspiciados por gigantes como la MPAA en Estados Unidos, se hablaba de “incentivos legales” a los ISPs para que cooperaran con los propietarios de derechos de autor, o incluso de imponer un mecanismo legal de vigilancia bajo sospecha aunque no existan antecedentes de violación al copyright.
Hoy, a través de un comunicado de la EFF (Electronic Frontier Foundation), se sabe un poco más del estado de la TPP y la peligrosa idea que persiguen. El acuerdo busca obligar a los demás países involucrados a aceptar los términos del copyright existentes en Estados Unidos, incluyendo la extensión actual de 70 años para los derechos de autor.
En lo referente a los DRM (digital rights management), se pretende que contenga disposiciones extremas contra toda posible elusión. Es decir, cualquier hack, venta, reventa o posibilidad de ceder un archivo digital o dispositivo que el usuario “posea” (con DRM) podrá ser tratado como un crimen.
Los documentos también indican que se animará a los ISPs a controlar y vigilar a sus usuarios (incluyendo el bloqueo y filtrado de contenido online). Quizá más alarmante es el extracto que indica prácticas de represión contra periodistas y ciudadanos que denuncien malas prácticas corporativas en torno a los derechos de autor.
Aunque el punto que sin duda genera más miedo es aquel que habla de las penas ante la infracción del copyright. La EFF explica que Estados Unidos está negociando en secreto a través de la TPP para obtener una definición más amplia de la violación de los derechos de autor. De esta forma, incluso las actividades sin ánimo de lucro (no comerciales) podrían derivar en la condena por delito a muchas personas.
La idea es que, si bien hasta ahora en la mayoría de países solo se persigue al infractor que vende o hace dinero con copias no autorizadas, con la nueva propuesta se amplíe el significado de infractor a cualquier persona que simplemente participe de obras no autorizadas que, de manera directa o indirecta, pasen a una escala comercial. Con penas que, como indican los documentos, incluirían cárcel:
Sanciones que incluyen penas de prisión, así como multas monetarias suficientemente elevadas como para disuadir a futuros actos de infracción, consistentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente
De esta forma el abanico de posibilidades de ser un “presunto criminal” son casi infinitas en la red. Desde el creador de un “meme” que luego se hace viral y finalmente pasa a distribuirse comercialmente por terceros, hasta los aficionados a desarrollar y crear los subtítulos de películas extranjeras o aquellos que suben a la red libros, música o juegos antiguos.
En definitiva, un peligroso texto que no sólo dañaría muchas de las libertades existentes en la red, sino que se atenúa con la gravedad de que se mueve entre el secretismo del TPP. Disposiciones con las que Estados Unidos presiona a otras naciones para promulgar normas contra el “ciudadano digital”. Políticas digitales nocivas sobre los derechos de autor que amplían la definición de lo penal de manera dañina y preocupante.
