Lo primero que habría que decir es que se trataría de leyes y regulaciones que, en principio, afectarían a los países y jurisdicción que se encuentran bajo el paraguas del TPP, es decir, a Estados Unidos, Australia, México, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Perú y Chile. Dicho esto y teniendo en cuenta el alcance que ha tenido en el pasado el esfuerzo de Estados Unidos por perseguir las infracciones de copyright, es muy posible que de una manera u otra estas regulaciones afecten también a muchos otros países.
En esencia, el acuerdo que ha publicado WikiLeaks en materia de copyright significa darle más derechos y poderes a los estudios de cine. Por el contrario, aquellos que hayan descargado, o aun más importante, subido material con derechos de autor, podrían ser más castigados con demandas millonarias. De acuerdo a la versión filtrada, estos son los puntos que se modificarían conforme a regulaciones actuales:
- Con el nuevo documento, los países firmantes no sólo obligarían a los proveedores de Internet a entregar los detalles de las descargas ilegales a los grandes estudios, también deberán realizar un seguimiento y aviso de aquellos usuarios más activos.
- El documento indica que los países firmantes estarían de acuerdo en cambiar sus leyes de manera que resulte más sencillo para los estudios llevar a los infractores de derechos de autor a los tribunales.
- Sobre el punto anterior, el documento indica que cada “infractor” será juzgado desde un marco preestablecido de daños, siempre en función de la naturaleza de la infracción, aunque en cualquier caso, una vez encontrado culpable siempre deberá compensar al titular de derechos por el daño causado y con el fin de “disuadir futuras infracciones”.
- El documento también indica que los proveedores deberán asumir los costes de la búsqueda y la identificación de los presuntos piratas. Además, deberán eliminar o desactivar el acceso al material que reside en redes o sistemas de los que tengan conocimiento de infracción.
- Los países firmantes también deben proporcionar incentivos legales para los proveedores, una fórmula para que los ISP cooperen con los propietarios de derechos en su lucha contra la subida y descarga de material sin autorización.
