Esta es la primera vez que la Comisión de Propiedad Intelectual, creada ex profeso para castigar este tipo de hechos, adopta una resolución de este tipo. Aunque realmente el suceso es singular por más motivos. De entrada, la reclamación de la multa va dirigida contra un administrador peruano residente en Lima, que administraba una serie de páginas dedicadas a este tipo de contenidos cuyo clon más reciente dejó de funcionar en marzo de 2018. Tanto la página principal como alguno de sus clones ya estaban bloqueados en España.
Cobrar la multa será por tanto complicado, como se señala ufanamente desde el bufet Almeida. Esto, sin embargo, no ha impedido que el nuevo Ministro de Cultura, José Guirao, trate de anotarse la sanción como un éxito propio, a pesar de que el procedimiento administrador se inició durante el gobierno anterior. Un cúmulo de circunstancias extrañas que en cualquier caso no desentonan mucho a la luz de una ley en sí misma extraña, puesto que cualifica a la Sección Segunda de la Comisión a investigar y lanzar procedimientos administrativos de forma paralela al aparato judicial.
A pesar de que la ley Sinde-Wert (técnicamente un apartado de la Ley de Economía Sostenible) es una medida abiertamente impopular, su propio apodo deja claro el apoyo a la misma por parte del PSOE y el PP. Redactada inicialmente durante el gobierno de Zapatero, fue recuperada con el apoyo de PP y CiU y aprobada en 2011 con algunas modificaciones durante el primer consejo de ministros de Mariano Rajoy, que consideró necesario adoptarla pese a las protestas de su partido cuando formaba parte de la oposición.
Fuentes anónimas citadas por El Diario señalan que a Guirao "no le va a temblar el pulso a la hora de adoptar decisiones firmes como la de poner sanciones económicas a las páginas webs que reincidan tras un bloqueo o una notificación", por lo que no cabe esperar que la reforma o sustitución de la ley Sinde-Wert esté entre los objetivos del nuevo gobierno.