Introducida inicialmente en 1996 por el PSOE, esta controvertida tasa fue sustituida por el no menos polémico canon digital de Wert, que derivaba la compensación económica a una partida asignada en los Presupuestos Generales del Estado. Una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó a mediados de año la tasa introducida por el antiguo ministro de Educación, Cultura y Deporte, que fue oficialmente enterrado hace apenas unos días por el Tribunal Supremo.
La ausencia de un mecanismo retributivo para suplirlo ha hecho que el Gobierno acelere ahora la creación e introducción de un nuevo canon, por ahora todavía en fase de borrador.
Según señala el diario El Mundo, el renacido canon digital introducirá novedades importantes para evitar el dislate legal que supuso su primera encarnación. Por ejemplo, "ciertas personas jurídicas, como la Administración o aquellos que probasen que el uso de los equipos, soportes y dispositivos es para uso profesional" quedarían exentos del cobro de la tasa. En este sentido, existiría la posibilidad de pedir un "reembolso" si se demuestra que las copias realizadas tienen un uso profesional.
El País, por su parte, indica que el nuevo canon digital introducirá una cierta flexibilidad recaudatoria, dejando abierta la puerta a revisar los gravámenes y criterios de aplicación "según los cambios del entorno digital y de las tecnologías". Queda por ver cómo se reglamentan asuntos tan difíciles de regular como las copias en la nube.
Tampoco está nada clara la cantidad que se cobrará para las organizaciones de gestión de derechos de autor, que estaban sumamente descontentas con los 5 millones de euros que recibieron anualmente con la tasa Wert; muy por debajo de los 115 millones percibidos durante el apogeo del primer canon digital.
Según El País, algunos estudios sitúan la recaudación entre 50 y 80 millones, obtenidos a través de un canon que volverá a cobrarse a los fabricantes de dispositivos de almacenamiento y grabación, desde discos duros y ópticos a teléfonos móviles. Aunque las compañías son las que abren la caja, en un principio nada impide que este gasto sea trasladado al consumidor.
Está previsto que el nuevo canon digital entre el vigor el día 1 de enero de 2017. Hasta entonces, el documento deberá ser aprobado por los ministros involucrados en su aplicación y recibir luz verde por parte del Consejo de Ministros.