A principios de esta semana un antiguo empleado de Microsoft era arrestado tras supuestamente haber filtrado documentación interna de la compañía a un blogger francés en 2012. El detenido Alex Kibkalo utilizó entonces una cuenta de Hotmail y el servicio OneDrive para compartir información confidencial de Microsoft que incluía partes del sistema Windows 8 RT y de su kit de desarrollo, un software que todavía no se había publicado cuando se produjo la filtración.
Pero durante las últimas horas la polémica no se ha producido tanto sobre el caso de filtración de IPs como con el método que Microsoft ha seguido para encontrar al infractor. La compañía de Redmond reconoce haber examinado la cuenta de correo Hotmail del blogger francés para identificar el origen de las filtraciones recibidas, dentro de lo que considera una "circunstancia excepcional".
Tras recibir pruebas sobre la filtración, el equipo legal de Microsoft echó mano de una cláusula de los términos de servicio de Outlook.com que reza: "Podemos acceder a información sobre tí, incluyendo el contenido de tus comunicaciones […] para proteger los derechos o propiedades de Microsoft". La firma de tecnología explica en un comunicado a CNET que el acceso a la cuenta responde a "indicios sólidos de actos criminales que cumplen con un estándar comparable al que se requiere para obtener una orden para buscar en otros sites".
A raíz de la polémica suscitada, Microsoft ha anunciado que en sucesivas investigaciones entregará las pruebas a un abogado externo y solo realizará búsquedas si un tribunal lo considera necesario. Del mismo modo, la firma planea publicar un informe de transparencia bianual detallando el número de búsquedas y el número de usuarios afectados, los cuales solo corresponderán a "investigaciones internas de empleados de Microsoft".
Mientras tanto el Ejército Electrónico Sirio ha publicado documentos que revelan cuánto cobra Microsoft por colaborar con la Unidad de Tecnología de Intercepción Digital (DITU) del FBI. Según el informe, los de Redmond piden entre 50 y 200 dólares cada vez que el organismo federal estadounidense necesita los datos de algún usuario. Un proceso que dista de ser secreto y su práctica se considera "estándar" dentro de la industria tecnológica.
