Responsabilizar a los proveedores de Internet de las infracciones de copyright que realizan sus usuarios es un viejo objetivo de la industria de contenidos. Casi lo consigue en Bélgica, donde un juez ordenó a Tiscali a impedir los intercambios P2P de contenidos con copyright; pero el mecanismo de filtrado resultó un fracaso y la orden fue anulada hasta tener una sentencia definitiva.
Ahora la industria lo intenta de nuevo en Australia, con el mismo argumento de siempre: que el proveedor no toma ninguna medida para impedir que circulen de forma no autorizada contenidos con copyright a través de su red, ignorando sus notificaciones de infracciones, y que se beneficia de ello. Por su parte el ISP defiende que no puede desconectar a sus usuarios basándose solo en acusaciones, sin que sean probadas en un tribunal. El juicio ha comenzado hoy y se extenderá durante las próximas cuatro semanas.