La
noticia que os comentamos hace unos días sobre la detención de un padre de familia por haberse descargado de internet varias películas y un juego ha causado bastante polémica y dudas sobre su veracidad. El diario electrónico Libertad Digital ha
investigado el caso, y lo ha confirmado tras tener acceso a varios documentos relativos a la instrucción judicial:
El caso se remonta a septiembre de 2002, cuando uno de los miembros de la familia denunciada, presuntamente, se bajó tres películas y un juego de ordenador. Las asociaciones empresariales denunciantes, ADESE y ADIVAN, afirmaban que habían tenido conocimiento del presunto delito, aunque se desconoce cómo pudieron hacerlo. La denuncia, además, no sólo acusaba al usuario de "bajarse" el programa y las películas, sino también de "traficar" con ellos, según las mismas fuentes. A pesar de que la denuncia se basaba en unos indicios obtenidos de una forma "extraña", fue admitida a trámite y la Policía Judicial se puso a trabajar en el caso. Los agentes obtuvieron permisos judiciales para conocer desde qué ordenador concreto se había cometido el presunto delito. Sin embargo, el trabajo de la Policía chocó con un impedimento: necesitaban una orden de registro del domicilio para saber qué miembro de la familia era el presunto delincuente y la juez instructora no autorizó el registro porque consideró que prevalecía el derecho a la inviolabilidad del domicilio, como marca la Constitución. [...] En el auto en el que dicta el sobreseimiento, la magistrada Eugenia Canal Bedia afirma que "han resultado infructuosas las gestiones practicadas para conseguir identificar al autor o los autores del hecho".
