Este texto, que se encuadra en el denominado como Plan de Acción por la Democracia, contempla que los "usuarios relevantes", perfiles de redes sociales con más de 100.000 seguidores (o 200.000 si se suman los seguidores en varias redes sociales), deberán someterse a la misma normativa que los medios de comunicación a efectos de rectificación de noticias, forzando la edición de publicaciones de mensajes con "hechos inexactos o directamente falsos".
El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asegura que con esta medida se busca poner coto a perfiles descritos como "buleros profesionales" y "profesionales del bulo y la mentira".
Según el diario El País, que ha podido acceder al documento, los "usuarios relevantes" son asimismo descritos como "aquellos usuarios que difunden informaciones y otros contenidos a través de estas plataformas y que, por razón del número de seguidores con los que cuentan, gozan de un alcance y repercusión equiparables al de los medios de comunicación tradicionales, configurándose como auténticos conformadores de la comunicación y de la opinión pública; y que, por ello, deben estar sometidos a la posibilidad de que sus contenidos sean rectificados".
Las redes sociales deberán ofrecer un mecanismo de solicitud de rectificación
Por ahora no se ha divulgado el texto del anteproyecto ni hay una nota de prensa con el resumen del Consejo de Ministros (la web de la Moncloa no está actualizada a fecha de hoy en el momento de escribir esta noticia), pero la Cadena SER también ha podido consultar el texto, donde se expone que "cualquier usuario de redes sociales" podrá "ejercer el derecho de rectificación cuando otro usuario haya difundido una información inexacta o que considere que su difusión puede perjudicarle".
La intervención de Bolaños comienza en el minuto 17:08
Para ello las plataformas correspondientes deberán ofrecer alguna clase de mecanismo que permita la solicitud de una rectificación "en el mismo plazo y con las formalidades establecidas para el supuesto de los medios de comunicación". Esta herramienta deberá ser sencilla y situarse de forma claramente visible, aunque no se indica de forma expresa dónde o cómo (o no ha trascendido).
Todavía un anteproyecto de ley
Merece la pena señalar que el documento aprobado hoy tiene todavía un largo camino por delante y deberá superar una serie de obstáculos antes de convertirse en una realidad legal. E incluso entonces, habrá que ver la viabilidad de su aplicación.
Valga el ejemplo de que en julio de este año el gobierno se comprometió a lanzar a finales de verano una app para validar la mayoría de edad como forma de verificar el consumo de porno online exclusivamente por adultos. Una iniciativa que a día de hoy parece dormir el sueño de los justos.
