Rojadirecta condenada a pagar 31,6 millones de euros a Mediapro, mientras LaLiga puede perseguir a usuarios de IPTV

Benzo
La batalla judicial entre los propietarios de los derechos audiovisuales del fútbol y las webs o IPTVs que facilitan transmisiones viene de lejos, y durante los últimos años ha evolucionado como demuestran dos hechos que hemos conocido durante las últimas horas. Por un lado, Rojadirecta ha sido condenada a pagar 31,6 millones de euros a Mediapro por daños y perjuicios en un caso que lleva cerca de 10 años en los tribunales, y por otro, LaLiga ha conseguido una autorización judicial para identificar usuarios particulares de IPTV.

En el caso de Rojadirecta, en 2022 el Tribunal Supremo condenó a su matriz Puerto 80 Projects y a su administrador Igor Seoane por vulnerar derechos de propiedad intelectual que poseía Mediapro. Ahora, el Juzgado Mercantil nº 2 de A Coruña ha fijado la indemnización por daños y perjuicios en 31,6 millones de euros, una cifra que se ha calculado en base a la cantidad que Puerto 80 Projects debería haber abonado a Mediapro para tener acceso a la señal durante la temporada 2014-2015. La mitad de esa contraprestación económica, 15,8 millones de euros, la debe satisfacer solidariamente Seoane.

Según Mediapro, Rojadirecta daba acceso "a contenidos ilegales vulnerando los derechos de propiedad intelectual" y "obtenía ingresos millonarios a través de la publicidad y del cobro de comisiones por desviar tráfico a webs de casas de apuestas deportivas". Por otro lado, la compañía recuerda que Igor Seoane está haciendo frente a un proceso penal impulsado por la propia Mediapro y LaLiga. El caso se encuentra en fase oral y el fiscal solicita una pena de 4 años de cárcel, mientras que la acusación exige 6 años de prisión.

LaLiga puede identificar a usuarios particulares de IPTV

Si hace unos años los propietarios de derechos luchaban contra las webs de enlaces, ahora hacen lo propio con los servicios de IPTV. Inicialmente solo se perseguía a los responsables de redifundir la señal que ganaban dinero con esta actividad, pero ahora también se apunta a los usuarios finales. Según informa BandaAncha, la justicia ha autorizado a LaLiga a solicitar a los operadores de telecomunicaciones datos personales para identificar a los clientes cuya dirección IP sea detectada accediendo a una relación de IP facilitadas por LaLiga, que corresponden a canales que retransmiten fútbol usando AceStream.

La parte demandada son las principales operadoras de España, incluyendo MásOrange, Telefónica, Vodafone y Digi, que semanalmente deben facilitar a LaLiga el nombre y apellidos del titular del contrato, la dirección de la instalación de la línea y de facturación y el documento identificativo. Con estos datos, LaLiga ha empezado a enviar cartas a usuarios particulares en las que exige el pago de 262 euros por ver fútbol con Ace Stream. En caso de satisfacer esa cantidad en un acto de conciliación se evita un potencial litigio.

"Se ha constatado judicialmente que el conciliado participa en una nueva modalidad de piratería, llamada 'Ace Stream', en la que todos los integrantes del esquema obtienen un beneficio económico mediante el acceso y la redifusión de los contenidos audiovisuales de LaLiga de forma ilícita: no nos hallamos ante un mero consumidor final de buena fe", dice la carta que han recibido los usuarios que presuntamente ven fútbol con Ace Stream. Debido a que Ace Stream usa tecnología P2P, LaLiga entiende que cada participante accede ilícitamente al visionado en directo y contribuye a su retransmisión y redifusión de forma ilícita.

En declaraciones a Xataka, el letrado Javier Prenafeta recomienda a cualquier persona que haya recibido una de esas cartas a consultar con un abogado. En su opinión, nos encontramos ante un caso "sorprendente y sangrante" debido a que "LaLiga ha obtenido, a través del juzgado, la monitorización de conexiones a Internet antes de que se produzca la actividad, lo que legalmente no debería ser así". Prenafeta sostiene que debería ponerse el foco en el hecho de que la operadora está dando los datos sin consentimiento. Respecto a la resolución judicial, considera que "la obtención de la prueba es cuestionable".
Sobre el autor » Benzo

Empecé con una NES a finales de los 80 y todos los 90 los pasé junto a SNES, N64 y una PlayStation prestada. El nuevo siglo me trajo una PS2 y más adelante una Xbox. Jugador de PC desde hace años, seguidor de Blizzard, lector y seriéfilo.

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