LaLiga ha sido sancionada con un millón de euros por utilizar datos biométricos de los asistentes a los estadios en vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así lo ha determinado la Agencia Española de Protección de Datos, que además de imponer la multa ha ordenado que los sistemas de reconocimiento facial desplegados en los estadios españoles se paralicen hasta verificar que se ajustan a la legalidad.
La multa ha sido incluso escasa para lo que se llegó a barajar, puesto que la AEPD consideró una sanción inicial de 10 millones de euros.
Como señala el diario El País en su noticia (registro necesario), el asunto del reconocimiento facial lleva tiempo coleando en los estadios. Ya en enero el Osasuna fue sancionado con 200.000 euros por utilizar esta tecnología en los accesos a El Sadar, y otros equipos han tenido que dar marcha atrás en sus planes después de recibir informes desfavorables.
La decisión de la AEPD ha sido tomada en base a las denuncias interpuestas en 2022 y 2023 por el uso de "sistemas con reconocimiento fácil y lectores de huellas dactilares para entrar a las gradas de animación". Los datos eran capturados durante la compra del abono y posteriormente comprobados durante los accesos, utilizando para ello una base de datos. El problema reside en que tanto el rostro como la huella dactilar son datos personales con una consideración especial, y que por tanto requieren un tratamiento más cuidadoso del que se estaba realizando.
Según LaLiga, el uso de datos biométricos permite realizar un control sobre los aficionados violentos, con el añadido de que considera que está libre de toda responsabilidad. Según fuentes consultadas por El País, la competición piensa recurrir la multa, que considera "se basa en premisas erróneas". Verbigracia, que LaLiga sea responsable del tratamiento de los datos biométricos, puesto que según la defensa son gestionados por los correspondientes clubes.
Este es solo el último rifirrafe de LaLiga por el uso indebido de datos personales. Recordemos que ya en 2019 fue multada con 250.000 euros por utilizar el micrófono y el GPS de los usuarios de su aplicación móvil para espiar bares sin licencia, por no abundar en la guerra que ha declarado en España a Cloudflare acusándola de amparar servicios de IPTV piratas.
