La reducción del rendimiento de los iPhone dotados con una batería antigua empieza a resultar una decisión posiblemente más cara de lo inicialmente esperado por Apple. Después de aceptar una multa consensuada de 25 millones de euros en Francia y otra más pequeña en Italia (donde fue de la mano con Samsung), la firma de la manzana ha aceptado pagar 500 millones de dólares en Estados Unidos. No se trata de una sanción, sino de un pago acordado de forma extrajudicial para poder despedirse de varias decenas de demandas colectivas interpuestas contra la compañía en el país norteamericano.
El acuerdo alcanzado aún debe ser ratificado por un tribunal, pero todo apunta a que recibirá el visto bueno. Como resultado, los demandantes que hayan tomado parte en estas acciones recibirán entre 1.500 y 3.500 dólares como compensación, mientras que los abogados se llevarán 90 millones de dólares. Los consumidores que no tomaron parte en las demandas colectivas finalizadas con este acuerdo y que reclamen ahora una indemnización recibirán 25 dólares.
El mecanismo de reparto de indemnizaciones es el siguiente: Apple pagará un mínimo de 310 millones de dólares y a partir de ahí seguirá aceptando reclamaciones por parte de usuarios no presentes en las demandas originales hasta pagar un máximo de 500 millones. A partir de ese momento los reclamantes recibirán una cantidad menor, puesto que no hay un límite al número de clientes que pueden adherirse a la medida.
El caso, recordemos, nos lleva a finales de 2017, cuando Apple reconoció que los iPhone 6, iPhone 6S y iPhone SE dotados con una batería antigua podían reducir su rendimiento sin avisar al usuario. Este throttling se introdujo en el sistema operativo con iOS 11.2 para, según fuentes oficiales, "suavizar los picos instantáneos solo cuando sea necesario evitar que el dispositivo se apague inesperadamente durante estas condiciones".
Desde las organizaciones de consumidores no se admitieron las explicaciones de Apple, contestando que lo que buscaba en realidad la compañía era forzar la renovación de los terminales al degradar su rendimiento de forma artificial. Apple no notificó este cambio a los usuarios y tampoco daba muestras de que el throttling se podía evitar cambiando la batería degradada por otra nueva, lo que llevó a acusaciones de promover la obsolescencia de sus dispositivos.
Actualmente la reducción de rendimiento en los dispositivos iOS con una batería que ha perdido capacidad con el paso del tiempo forma parte del sistema operativo, pero se refleja de forma transparente y puede ser activada o desactivada de forma manual por el usuario. Este parámetro solo fue introducido tras constatarse el comportamiento anómalo de los teléfonos y la polémica levantada al tratar atajar el asunto ofreciendo un descuento por el cambio de baterías.
El acuerdo alcanzado aún debe ser ratificado por un tribunal, pero todo apunta a que recibirá el visto bueno. Como resultado, los demandantes que hayan tomado parte en estas acciones recibirán entre 1.500 y 3.500 dólares como compensación, mientras que los abogados se llevarán 90 millones de dólares. Los consumidores que no tomaron parte en las demandas colectivas finalizadas con este acuerdo y que reclamen ahora una indemnización recibirán 25 dólares.
El mecanismo de reparto de indemnizaciones es el siguiente: Apple pagará un mínimo de 310 millones de dólares y a partir de ahí seguirá aceptando reclamaciones por parte de usuarios no presentes en las demandas originales hasta pagar un máximo de 500 millones. A partir de ese momento los reclamantes recibirán una cantidad menor, puesto que no hay un límite al número de clientes que pueden adherirse a la medida.
El caso, recordemos, nos lleva a finales de 2017, cuando Apple reconoció que los iPhone 6, iPhone 6S y iPhone SE dotados con una batería antigua podían reducir su rendimiento sin avisar al usuario. Este throttling se introdujo en el sistema operativo con iOS 11.2 para, según fuentes oficiales, "suavizar los picos instantáneos solo cuando sea necesario evitar que el dispositivo se apague inesperadamente durante estas condiciones".
Desde las organizaciones de consumidores no se admitieron las explicaciones de Apple, contestando que lo que buscaba en realidad la compañía era forzar la renovación de los terminales al degradar su rendimiento de forma artificial. Apple no notificó este cambio a los usuarios y tampoco daba muestras de que el throttling se podía evitar cambiando la batería degradada por otra nueva, lo que llevó a acusaciones de promover la obsolescencia de sus dispositivos.
Actualmente la reducción de rendimiento en los dispositivos iOS con una batería que ha perdido capacidad con el paso del tiempo forma parte del sistema operativo, pero se refleja de forma transparente y puede ser activada o desactivada de forma manual por el usuario. Este parámetro solo fue introducido tras constatarse el comportamiento anómalo de los teléfonos y la polémica levantada al tratar atajar el asunto ofreciendo un descuento por el cambio de baterías.
No buscan justicia sino recaudar.
Ah, ya.