De acuerdo con la noticia publicada por FACUA en su página, "Apple podría haber incurrido, entre otros, en uno de los delitos contra los consumidores tipificados en los artículos 278 a 286 del Código Penal y en el nuevo delito de sabotaje informático, incorporado tras su reforma de 2015 a través de los artículos 264 y 265".
Habrá que ver el encaje que realiza el gabinete legal de FACUA a la supuestas ilegalidades cometidas por Apple, puesto que a diferencia de lo que sucede en Francia el Código Penal español no recoge el concepto de la obsolescencia programada. Tal vez la clave podría estar en el artículo 282, mucho más que en el supuesto delito de sabotaje informático (que tiene una consideración bastante particular y potencialmente alejada de lo sucedido).
Artículo 282: Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos.
Por recordar lo sucedido, la polémica estalló en los últimos días de diciembre, cuando espoleada por las quejas de algunos usuarios Apple reconoció que iOS ralentiza los teléfonos iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6S e iPhone 7 cuando con el paso del tiempo sus baterías pierden capacidad. La postura oficial es que esta práctica permite sacar la máxima autonomía.
Organizaciones como la francesa HOP, sin embargo, afirman que esto no es sino una táctica destinada a promover la obsolescencia programada, puesto que los propietarios de uno de estos teléfonos preferirían sustituir la batería antes que cambiar de terminal.
