A comienzos de 2018 las autoridades francesas abrieron expediente a Apple por ralentizar los iPhone dotados con una batería antigua. Oficialmente pensada para "ofrecer la mejor experiencia para los clientes" al evitar posibles apagados inesperados, esta práctica fue duramente criticada por las organizaciones de consumidores al considerar que Apple estaba forzando la obsolescencia de sus dispositivos. Ahora ha resultado en un multa de 25 millones de euros.
Según ha declarado la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Control del Fraude (DGCCRF por sus siglas en francés), esta es la cantidad que Apple deberá pagar después de haber alcanzado un acuerdo con la fiscalía de París. El comunicado indica que Apple infringió la ley al no informar a sus clientes de que los teléfonos dotados con una batería antigua podían sufrir un throttling artificial para reducir su consumo.
La sanción ha sido acordada entre ambas partes; si el caso hubiera llegado a manos de un juez para su resolución, es posible que Apple hubiera salido bastante peor parada. Cabe recordar que la legislación francesa es pionera en el castigo de la obsolescencia programada, y contempla penas de hasta dos años de prisión para los ejecutivos implicados y multas de hasta el 5% de la facturación anual de las empresas infractoras.
La "gestión dinámica de la batería" se introdujo en los iPhone SE, 6 y 7 con las versiones 10.2.1 y 11.1 de iOS. Un aspecto que la DGCCRF valoró negativamente es que Apple no solo no avisó de este cambio en el comportamiento de los teléfonos, sino que además tampoco proporcionaba los medios para regresar a una versión anterior del sistema operativo o configurarla manualmente (una opción que fue añadida posteriormente).
Se filtran las condiciones del programa de reparaciones para talleres independientes
La multa en Francia se ha publicado casi al mismo tiempo en el que se filtraban las condiciones que Apple ha dispuesto para los talleres que quieran participar en su programa de reparaciones autorizadas. Esta iniciativa permitirá que tiendas independientes certificados pero ajenos a la red de Apple puedan adquirir componentes y herramientas de diagnóstico oficiales.
Según ha podido saber Vice, las condiciones impuestas por Apple expresan que, por ejemplo, los talleres deben una muestra firmada de consentimiento por parte de sus clientes donde declaren comprender que Apple no ofrecerá garantías para esas reparaciones. Más llamativo resulta el hecho de que dichas tiendas deben aceptar inspecciones y auditorias sorpresa de Apple para detectar el uso de piezas "prohibidas" y cuyo uso podría resultar en sanciones económicas.
Las tiendas, además, deberán aceptar que estas inspecciones continúen durante un periodo de hasta cinco años tras abandonar el programa de reparaciones autorizadas. Asimismo, los establecimientos deberán compartir información como nombres, números de teléfono y direcciones postales de los clientes cuando Apple lo solicite.
Así como algunas tiendas han aceptado estas condiciones para poder tener acceso a componentes oficiales directamente de Apple, otras se han mostrado contrarias. Desde la Electronic Frontier Foundation se han calificado las exigencias de la compañía como "muy onerosas", confiriéndole a Apple la capacidad para "imponer costes y sanciones que potencialmente podrían destruir un negocio".
